Veterinarios y veterinarias se han vuelto a concentrar este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña y ante las subdelegaciones provinciales para mostrar su oposición a los cambios introducidos por el nuevo Real Decreto que regula la prescripción de medicamentos veterinarios.
La movilización forma parte de una jornada de protestas convocada en todo el país. El colectivo exige al Gobierno una reunión «urgente» para replantear una normativa que, según denuncian, limita su autonomía profesional y no ofrece soluciones «reales y efectivas».
El motivo principal del rechazo es el Real Decreto 666/2023, en vigor desde enero, que establece nuevas condiciones para el uso de antibióticos y endurece los requisitos para notificar las prescripciones de antimicrobianos. Aunque la norma responde a una estrategia europea para combatir la resistencia a los antibióticos, los profesionales del sector critican que su aplicación en España es más restrictiva que en otros países del entorno.
«Se retrasan tratamientos y afecta al bolsillo del propietario»
Olalla de Hoyos, miembro del grupo de trabajo del Colegio de Veterinarios de A Coruña, explicó a Europa Press que esta regulación afecta tanto a animales de compañía como a los de producción. «Se nos exigen requisitos que en otros países de la Unión Europea no se aplican», indicó, y denunció que no se está teniendo en cuenta su criterio profesional a la hora de decidir sobre los tratamientos.
Hasta ahora, los veterinarios valoraban si era necesario realizar un cultivo antes de administrar un antibiótico, pero con la nueva normativa esta prueba pasa a ser obligatoria. «Si llega un perro con una herida profunda, tendrá que esperar entre siete y diez días para darle el antibiótico», advirtió, en referencia al tiempo que puede tardar un cultivo en dar resultados.
De Hoyos defendió que los veterinarios están formados para tomar decisiones clínicas y que este tipo de exigencias pueden poner en riesgo la salud animal. También alertó de que la nueva normativa obligará a los propietarios a comprar más dosis de las necesarias. «Se van a retrasar los tratamientos y afectará al bolsillo del propietario», aseguró. Además, recordó que las sanciones previstas suponen un riesgo añadido para un colectivo que está compuesto mayoritariamente por profesionales autónomos.
