La Fiscalía pide dos años de prisión para un vecino de Ribadeo -Lugo- por un delito de acoso a su expareja y la prohibición de acercarse a ella, en un radio inferior a 100 metros, durante tres años. El caso se juzgará hoy en el Juzgado de lo Penal Nº2 de Lugo.
Según relata el Ministerio Fiscal, el acusado comenzó a acosar a la víctima cuando esta decidió poner fin a la relación sentimental que mantenían en julio de 2019. El hombre no aceptó la ruptura, señalan, y desde entonces y hasta, al menos, enero de 2020, presionó a la víctima para retomar la relación o cuanto menos mantener contacto y “de forma insistente”, controló sus movimientos, “siguiéndola por la calle, controlando cuando estaba en casa y en el trabajo, con llamadas y mensajes reiterados”. Tal y como indican, incluso a pesar de ser bloqueado en el teléfono, el acusado creaba grupos de whatsapp a través de números de terceros en los que incluía a la víctima para seguir mandándole mensajes.
Además, el acusado seguía y controlaba los horarios de la mujer -cuando iba a trabajar y los fines de semana, e incluso cuando salía fuera de su localidad-. “El control era tal que le mandaba mensajes por dejar la luz de casa encendida de madrugada o cuando se iba de vacaciones al extranjero”, apunta la Fiscalía. Señalan además que esta conducta del acusado “perturbó la tranquilidad de la víctima y desestabilizó el desarrollo de su vida cotidiana, al sentirse perseguida, vigilada y controlada en todos y cada uno de sus ámbitos cotidianos, no solo en su vida y casa sino también en la de su familia, ya que el acusado la seguía a casa de sus padres y la controlaba cuando estaba con sus familiares”.
A raíz de estos hechos, se dictó en fecha 21 de enero de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 Mondoñedo, Auto en el que se prohibía al acusado aproximarse a la víctima, a una distancia inferior a 50 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.
Así, el Ministerio Fiscal ve un delito de acoso en lo ocurrido, por el que solicitan una pena de dos años de prisión y la prohibición de acercarse a la víctima, en cualquier lugar donde se encuentre, en un radio inferior a 100 metros, así como la prohibición de comunicarse con la misma por cualquier medio, por tiempo de tres años, debiendo descontarse el tiempo ya cumplido como medida cautelar.
