La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apremiado de nuevo este jueves a la Xunta de Galicia a que agilice la tramitación de los parques eólicos en A Mariña, que permitirían abaratar la factura de la energía a la planta de Alcoa en San Cibrao -Cervo-. Así, ha recordado que en enero vence el plazo, por lo que es “capital” acelerar los trámites, porque no habrá prórrogas.
En una visita a Lugo, Ribera ha constatado, sobre estos parques, que se lo ha pedido “al presidente de la Xunta, se lo venía reiterando al vicepresidente económico y a la conselleira de Medio Ambiente, que es fundamental contar con una valoración del órgano ambiental autonómico sobre posibles afecciones ambientales“. “En todo caso, en los proyectos que son gestionados y evaluados por la Xunta, pero también en aquellos proyectos de mayor tamaño en los que la resolución depende de la administración general del Estado, respetamos la competencia autonómica, obviamente”, ha dicho, pero ha agregado que “es muy difícil avanzar en esa evaluación cuando no existe la información que se solicita al órgano ambiental competente”.
La ministra entiende que la situación “ha sido entendido por parte de la Xunta” y ha recordado el hito fundamental en enero -de 2024 para el arranque de las cubas-, que “no es prorrogable”. “Hace año y medio que sabemos que en enero vence el plazo y tiene implicaciones muy serias el tardar tanto tiempo en resolver estos expedientes”, ha apuntado. “Hay otros muchos promotores que puedan estar a la espera, pero los promotores actuales merecen un pronunciamiento motivado sobre si sí o si no”, ha recapitulado.
Para Ribera, es “capital poder resolver esta cuestión cuanto antes”, por razones de procedimiento y por razones de garantía para promotores e inversores y, en el caso de Galicia, en particular, con unas apuestas importantes desde el punto de vista industrial.
Así, se ha referido tanto al proceso de renovación y actualización de la planta de Alcoa, como de otras opciones que aspiran con contar con energía en el territorio, energía renovable y que tienen firmados contratos, que podrán salir o no adelante, pero que no pueden estar parados por culpa de las administraciones. “Yo confío en que, en esos tres primeros proyectos vinculados a plantas industriales, que nos llegaron al ministerio la semana pasada, podamos llegar a tiempo. Es nuestro compromiso. Nuestra intención es respetar los plazos y no prorrogarlos más, bloqueando la capacidad de transporte de Red Eléctrica”, ha zanjado.
En cuanto a los parques eólicos marinos, Teresa Ribera ha lamentado que “desgraciadamente la historia de la Xunta de Galicia con el ministerio, en relación con la costa, está plagada de desavenencias que no siempre consideramos que se derivan de una interpretación ajustada a la norma”. “Me refiero a una cierta campaña intentando poner de manifiesto situaciones de inseguridad para las personas o para los proyectos que cuentan con un título concesional en el dominio público marítimo terrestre, y no ha habido ni una sola concesión que no haya sido prorrogada, o mejor dicho, ha habido una concesión no prorrogada por contar con un informe negativo de la Xunta y las demás han sido prorrogadas”, ha puntualizado.
La vicepresidenta tercera ha recordado que, en estos momentos, el contencioso se plantea en dos ámbitos distintos: por un lado, la Xunta pretende que se haga una transferencia de competencias “sin que el estatuto de autonomía ampare esa competencia”, ya que según los juristas del ministerio “no es posible”, si bien la Xunta sostiene lo contrario también amparándose en informes jurídicos.
Ribera defiende que con ninguna otra comunidad se ha transferido la competencia del litoral sin que haya habido un título habilitante concreto en la ley autonómica. “Y ahora vienen con un contencioso concreto que no conozco, lo he visto esta en la prensa local y he pedido información al respecto a la dirección general de Costas para entender mejor lo que ocurre”, ha concluido la ministra para la Transición Ecológica, sobre el recurso a la reforma del reglamento de Costas.