Después de las últimas denuncias realizadas por las cofradías y organizaciones ecologistas agrupadas en la Plataforma Comarcal contra los Vertidos de la Mina de San Finx, el pasado 11 de agosto los técnicos de Augas de Galicia tomaron varias muestras tanto aguas arriba como aguas abajo de la mina, que arrojaron resultados 78 veces por encima del máximo permitido en cadmio, una sustancia peligrosa prioritaria y un elemento cancerígeno. Lo mismo ocurre con otros metales pesados como el cobre o el zinc, para los cuales se superan 48 y 8 veces respectivamente los valores máximos permitidos.
En contraste con estos datos, en la muestra tomada aguas arriba, en la zona del museo, los valores se encontraban dentro de la legalidad, lo que «evidencia que la contaminación se produce por los vertidos ilegales y lixiviados que continúa causando la mina». Por este motivo, desde la Plataforma exigen a la Xunta que inicie «los correspondientes expedientes sancionadores por vertidos ilegales» y retire a la empresa minera la autorización de vertidos concedida ilegalmente en el pasado mes de febrero, por vulneración de las condiciones.
Por otra parte, las cofradías de Noia y Portosín, que iniciaron un proceso penal contra la empresa minera por presuntos delitos contra el medio ambiente, ya trasladaron estas nuevas evidencias al Juzgado instructor de la causa en Noia, solicitando que se adopten medidas cautelares para evitar la continuidad del daño.
Procesos judiciales pendientes
Además de la causa penal, ya están en curso varios procesos judiciales contra la propia autorización de vertidos, en esta ocasión son los juzgados de lo contencioso de Santiago los que tendrán que resolver sobre la legalidad del permiso otorgado el pasado mes de febrero.
Aun así, se anticipa una avalancha de demandas una vez que Augas de Galicia aún no ha resuelto los más de 20 recursos de alzada presentados contra la autorización, incluyendo los de las cofradías de Noia, Portosín, Porto do Son, Muros y Rianxo, las organizaciones de productores de mejillón Olvimar y la APM de la Pobra, así como Ecoloxistas en Acción, Federación Ecoloxista Galega, ADEGA, Verdegaia, Sociedade Galea de Historia Natural, Montescola, Sindicato Labrego Galego, Tralapena y Salvemos Monteferro.
Para la plataforma comarcal, los recursos presentados evidencian la enorme oposición social a una autorización ilegal que se otorgó tras siete años de irregularidades. Recuerdan que los propios altos cargos y funcionarios de la Xunta que otorgaron la autorización de vertidos están imputados en una causa judicial paralela por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
