Ecoloxistas en Acción han dado un paso más en el conflicto en la mina de San Finx, en Lousame: este jueves han paralizado los trabajos de instalación de la tubería a través de la que la filial de la empresa australiana Pivotal Metals “pretende verter casi mil millones de litros anuales de drenajes con altas concentraciones de metales pesados”.
Una docena de mariscadores y miembros del grupo ecologista se situaron delante de las máquinas mientras otro grupo disfrazado con calaveras lanzaba una partida de “Minapoly”, versión del popular juego preparada para la ocasión con la que denuncian “la corrupción que rodea a esta polémica mina”.
Precisamente denuncian que las infraestructuras para efectuar los vertidos están siendo ejecutadas “como parte de una obra pública contratada por la Consellería de Medio Rural para el asfaltado de una carretera local”, lo cual desde la organización ecologista consideran “indicio de un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación”.
Por ello, esta misma semana interpusieron denuncia penal en los juzgados de Santiago contra la directora xeral de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, después de que varios colectivos de la Plataforma comarcal contra los vertidos le demandaran la suspensión de las obras la semana pasada.
Esta es la quinta causa penal que se abre en relación a la mina de San Finx, sumándose a las diligencias que se siguen contra el exdirector general de minas Ángel Bernardo Tahoces, quien deberá declarar en Santiago junto con otros funcionarios igualmente imputados, así como a las abiertas contra altos cargos de Augas de Galicia y contra la propia empresa minera y sus administradores. Paralelamente, cofradías, ayuntamientos y organizaciones ecologistas han iniciado varios contenciosos contra la autorización de vertidos otorgada por la Xunta en febrero, confiando en que la justicia la suspenda cautelarmente antes de que sea demasiado tarde.
Tras la multitudinaria protesta que tuvo lugar el pasado sábado en la propia mina, Augas de Galicia anunció que extenderá hasta el 12 de agosto el plazo para terminar las obras que permitirán realizar el vertido. Desde Ecoloxistas en Acción alertan que la “urgencia” de la Xunta busca “desmovilizar la comarca” situando el inicio de los vertidos en época vacacional, pero advierten que “el truco no funcionará” y anuncian más movilizaciones durante el verano.
La operación de las minas de San Finx “fue autorizada ilegalmente en 2009 con un proyecto no sometido a evaluación de impacto ambiental y sin participación pública”. A pesar de que la propia Xunta reconoció recientemente la situación ilegal de la mina, Augas de Galicia le otorgó este año una autorización de vertido “después de más de siete años de tramitación totalmente irregular”. La mina se encuentra a apenas siete kilómetros de la ría de Muros y Noia y el inicio de los vertidos compromete la integridad de los bancos de marisqueo, de los que dependen más de 10.000 empleos directos e indirectos.