La plataforma comarcal contra los vertidos de las Minas de San Finx organizó esta mañana una concentración frente a los Juzgados de Noia para mostrar su absoluta repulsa ante las denuncias falsas e infundadas presentadas por la empresa minera contra Ecologistas en Acción, como parte de una campaña de acoso judicial que pretende silenciar las protestas.
La concentración se celebró en el momento en que el director facultativo de la mina, Iván Losada, estaba llamado a comparecer ante los Juzgados para ratificar la denuncia presentada por Tungsten San Finx, por un acto simbólico realizado el pasado 5 de julio en el que se tapó durante breves instantes el tubo a través del cual la empresa realiza vertidos ilegales.
Precisamente a raíz de esta protesta y de los escritos remitidos a Aguas de Galicia por ese colectivo y la Plataforma, se acaba de iniciar un procedimiento sancionador que podría acarrear una sanción de hasta 300.000 euros a la empresa, después de comprobarse que los niveles de cadmio en el río a pocos metros del tubo tapado superan 78 veces el máximo legal permitido.
En la vista también estuvo presente el abogado de Ecologistas en Acción, que pidió ante la jueza instructora el archivo de la causa y la imposición de costas a la empresa, recordando que esta ha estado haciendo un uso sistemático de denuncias falsas. Ya en 2017 había interpuesto denuncias similares contra otras dos organizaciones ecologistas, después de que estas alertaran a la administración de ilegalidades cometidas por la empresa.
Para Ecologistas en Acción, “esto no es más que un intento desesperado de la empresa de silenciarnos a través de una acción judicial contra la participación pública”, conocidas como “SLAPP” en inglés. Por este mismo motivo, pusieron el caso en conocimiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, la irlandesa Mary Lawlor, que abrió un procedimiento y trasladará los hechos a la Embajada de España ante la ONU en Ginebra.
Paralización del vertido
Durante la concentración, los portavoces de la Plataforma, Joám Evans y Rogelio Santos, también cargaron contra la Xunta, exigiendo que paralice el bombeo de casi mil millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados que irían a parar a la ría de Muros y Noia, a tan solo siete kilómetros de la mina.
Recordando que la autorización de vertidos fue ilegal de por sí, indicaron que los reiterados incumplimientos de plazos por la empresa son motivo más que suficiente para dar carpetazo a un proyecto que carece de evaluación de impacto ambiental y que causará enormes perjuicios a los miles de familias que dependen de la marisqueo en la comarca.
