La sección sexta de la audiencia coruñesa, con sede en Santiago, considera que, a tenor de las pruebas y testimonios recabados en el juicio celebrado en septiembre de 2021, la acusación «no tiene la suficiente fuerza» para condenar a la procesada, que se enfrentaba a una petición de nueve años de cárcel por tres delitos, uno de estafa continuado, uno de apropiación indebida continuada y uno de robo con fuerza en casa habitada.
En una sentencia emitida el pasado 13 de mayo y que ha sido trasladada a los medios este viernes, los magistrados determinan que «no se ha constatado ningún aprovechamiento directo o indirecto por parte de la acusada del dinero retirado de esas cuentas».
Acusada y supuesta víctima habían labrado una relación de amistad como consecuencia del trabajo de la primera, que trabajaba en una entidad bancaria a la que acudía como clienta la segunda, quien recibía dinero en sobres facilitados por la procesada «de acuerdo con el destino que se iba a dar a cada una de las cantidades».
Así lo recoge el fallo judicial, en el que los jueces apuntan que la condena «habría de realizarse en base a una prueba indiciaria» pues «no existe ninguna prueba» de que la procesada obtuviese «algún beneficio ilícito» con la retiradas de efectivo que realizaba de las cuentas de la supuesta víctima.
«Ni se observan incrementos en sus cuentas, ni gastos especiales, ni compras anormales de bienes ni ningún otro dato directo o indirecto relevante de un incremento patrimonial o monetario anormal», remarca la sala en su sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Por último, los jueces también resaltan que «no queda con certeza acreditado» que la supuesta estafada «padeciese un deterioro cognitivo grave», cuanto menos, hasta finales de diciembre de 2018 o principios de 2019.
