La asociación El Defensor del Paciente ha comunicado a la Fiscalía Superior de Galicia que investigue los retrasos en las citas para consultas en el servicio de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), por considerar que puede haber “un delito”.
En concreto, la asociación que preside Carmen Flores se hace eco de la denuncia pública que varios de los afectados por los retrasos, debidos a problemas de personal, según reconoció la propia Xerencia del hospital, y subraya que estas revisiones “son sagradas” al tratarse de enfermedades oncológicas.
“Llueve sobre mojado en esta dejación y abandono”, añade El Defensor del Paciente, que solicita la intervención de la Fiscalía porque “cuando se juega con algo tan sagrado” como la salud “es un delito”.
De hecho, menciona al artículo 376 del Código Penal, que expone que “el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años” de prisión.
“El abandono, la dejación de funciones y el olvido de los ciudadanos y profesionales está llegando a límites dramáticos”, prosigue la asociación, que apunta directamente a la Xunta de Galicia por ser “la tónica habitual”.
Valedora do Pobo
La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS junto con un grupo de quince pacientes de Oncología del Clínico, se reunieron también este lunes con la Valedora do Pobo, ante la que presentaron una queja colectiva por “vulneración reiterada de derechos” con los retrasos de las consultas.
Esta situación está provocando que varios pacientes de cáncer lleven meses esperando a que los llamen por unas revisiones que ya se tendrían que haber producido de acuerdo con los protocolos.
Según informa la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, tras la reunión con la Valedora, María Dolores Fernández Galiño, supone “un incumplimiento del código deontológico de la profesión médica” de la que culpan directamente a la Xerencia.
“Las personas que padecen esta dolencia están soportando demoras de entre uno y ocho meses desde la fecha en que se debieron realizar las consultas y sufren la incertidumbre y la presión psicológica que representa una demora en la atención y en la información ante un eventual rebrote”, explica este colectivo.
Para intentar poner fin a esta situación y “restablecer la aplicación de sus derechos”, la asociación encabezada por Fernando Abraldes y un grupo de pacientes afectadas ha solicitado este lunes el amparo de la Valedora do Pobo de Galicia.