El Juzgado de instrucción de Noia ha abierto diligencias penitenciarias contra Tungsten San Finx, filial de la empresa australiana Pivotal Metals, así como contra sus administradores, Steven Turner y Susana García, por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, después de que los patrones mayores de las cofradías de Noia y Portosín, Santiago Cruz e Isaac Gariña, presentasen una denuncia en la que se incluían evidencias de la contaminación que está provocando la explotación minera situada en Lousame.
La denuncia “incorporaba analíticas con las que se demuestra la presencia en el río de metales pesados procedentes de los vertidos ilegales realizados por la minera y también vídeos e imágenes en los que se observa claramente el punto en el que los vertidos se incorporan al cauce.
Para las cofradías denunciantes, la situación actual “es sólo una muestra de lo que podría suceder a una escala mucho mayor en caso de que se lleve adelante el vaciamiento de las plantas inundadas”, ya que supondría “duplicar el caudal del río con una inyección de casi mil millones de litros por año”.
En su escrito, las cofradías también demostraron cómo entre 2017 y 2020 la mina bombeó ilegalmente aguas contaminadas de la quinta planta de la mina, excavada sin autorización y que no figuraba en el proyecto de explotación. Esta operación ilegal fue financiada a cargo de un proyecto europeo “con el que se pagó durante varios años el salario del director de la explotación minera responsable por los vertidos realizados”.
Nuevos frentes judiciales
Mientras continúan las movilizaciones en la calle, con convocatorias ante los distintos plenos de la comarca, se multiplican las acciones judiciales con las que las cofradías buscan “proteger la ría de una catástrofe ambiental anunciada”. Además de las diligencias penitenciarias contra la empresa en Noia, el Juzgado de Santiago inició otro procedimiento contra los funcionarios y altos cargos de Augas de Galicia responsables por la resolución de vertido concedida el pasado mes de febrero. A esto se suman otros dos procedimientos judiciales contra funcionarios y altos cargos del departamento de minas a raíz de la situación irregular de la propia mina.
Además, las cofradías anunciaron que presentarán esta misma semana una demanda contra la autorización de vertido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, toda vez que la Xunta de Galicia “no dio respuesta al recurso de alzada” presentado por una docena de entidades a pesar de su deber de resolverlo en tres meses.
También el pasado lunes el colectivo Ecoloxistas en Acción y la Fundación Montescola presentaron una demanda pidiendo, en todos los casos, medidas cautelares para que el Tribunal paralice los vertidos antes de que estos causen un daño grave.