El Concello de Santiago de Compostela ha aprobado la suspensión cautelar durante un año de la concesión de licencias para la transformación de edificios residenciales completos en alojamientos turísticos. La decisión se adopta mientras el Gobierno local avanza en la modificación de la normativa urbanística que regula este tipo de usos.
La propuesta salió adelante con los votos del bipartito formado por BNG y Compostela Aberta, además del apoyo de las concejalas no adscritas y del PSOE. El PP se abstuvo, al considerar que la medida supone “una nueva restricción” dentro de lo que define como una “escalada normativa” en la política urbanística municipal.
El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, puso el foco en los apartamentos turísticos, una tipología regulada a nivel autonómico que consiste en bloques de viviendas destinados íntegramente al alojamiento de visitantes. Según explicó, la normativa municipal modificada en 2023 no evita la posible proliferación de este modelo, que puede implantarse con mayor facilidad en edificios sin división horizontal o con un único propietario.
Aunque esta situación no se ha generalizado ni se produce a gran escala —en 2025 solo se concedieron tres licencias de este tipo—, Lestegás defendió que la suspensión cautelar busca anticiparse a un posible problema futuro. En paralelo, Urbanismo trabajará en una revisión de los requisitos de implantación de estos alojamientos.
Desde el PP, el concejal José Antonio Constenla criticó que el Gobierno local recurra de nuevo a limitaciones normativas, al considerar que “la prohibición por sí sola no crea vivienda, no rehabilita edificios ni incrementa el parque público”. Aun así, su grupo optó por la abstención y reclamó diálogo con los sectores afectados.
Por su parte, Mercedes Rosón, en representación de las concejalas no adscritas, respaldó la medida pero cuestionó el procedimiento seguido, reclamando que esté sustentada en datos objetivos y no solo en retórica política. Con todo, afirmó que la oferta turística actual está suficientemente dimensionada y mostró su apoyo a las políticas que prioricen el uso residencial frente al turístico.
Finalmente, el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, puso en duda el impacto real de la medida en la oferta de vivienda y se preguntó cuál es el problema concreto que pretende resolver el Ejecutivo local. Aunque su grupo votó a favor, advirtió de que mantendrán una postura vigilante, al considerar que la iniciativa puede responder más a un gesto político que a una solución efectiva.
