El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica ha reavivado tensiones entre el Gobierno central y las comunidades, y Galicia no es una excepción. El Foro Económico de Galicia ha advertido que la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda colocaría a la comunidad en una posición claramente desfavorable, con un déficit estimado de entre 900 y 1.000 millones de euros respecto a lo que debería recibir en un reparto justo de recursos, muy por encima de los 587 millones que el Gobierno central contempla como mejora para Galicia.
Durante la presentación del Informe de Conxuntura Socioeconómica del cuarto trimestre de 2025, el director del Foro, Santiago Lago, señaló que el nuevo modelo reduce el peso de criterios fundamentales para Galicia, como la dispersión territorial, el envejecimiento poblacional y el coste real de prestación de servicios en áreas rurales. “Con este enfoque, Galicia queda mal, tirando a muy mal”, afirmó Lago, reclamando una revisión profunda de los parámetros de cálculo.
El Foro Económico calcula que la cantidad que Galicia debería recibir para garantizar el equilibrio territorial y el acceso universal a los servicios públicos básicos se sitúa en torno a 1.000 millones de euros más de lo que plantea el Gobierno, que ha cifrado su propuesta en apenas 587 millones de incremento. Esta diferencia no es anecdótica: supone un desfase de más del 40% en relación con las necesidades estimadas por el organismo.
El análisis se basa en proyecciones de gasto en sanidad, educación y dependencia —los tres pilares del gasto autonómico— teniendo en cuenta el envejecimiento de la población gallega, su dispersión territorial y los costes superiores de prestación de servicios en zonas rurales o poco pobladas. Todos estos factores, según el Foro, quedarían infrarepresentados en el nuevo modelo.
Según el Foro, el sistema actual —vigente desde 2009— aún mantiene ciertos mecanismos correctores que benefician a Galicia, colocándola ligeramente por encima de la media estatal en financiación per cápita. Sin embargo, la reforma planteada por el Gobierno reduce el peso de las variables estructurales y prioriza la población ajustada como factor principal. Esto favorecería a comunidades con mayor número de habitantes, pero perjudicaría a aquellas con desequilibrios demográficos estructurales, como Galicia.
Además, el Foro considera que la opacidad y la falta de simulaciones completas dificultan una evaluación técnica exhaustiva del impacto real. “Este tipo de reformas deben hacerse con datos claros, proyecciones a medio plazo y respeto a las especificidades territoriales”, insistió Lago.
El Foro Económico de Galicia ha reiterado que su rol es técnico y no político, pero que su función es advertir cuando las decisiones institucionales comprometen el bienestar económico a largo plazo. “Non é unha cuestión de ideoloxía, senón de solvencia técnica e xustiza territorial”, subrayó Lago, quien además pidió que se articulen mecanismos compensatorios estables, no ligados a pactos coyunturales o a fondos extraordinarios que dependen de decisiones discrecionales del Gobierno central.
Para el organismo, Galicia necesita un modelo que refleje el coste real de garantizar derechos universales en un territorio envejecido, con baja densidad de población y retos de conectividad. El Foro advierte que, de no corregirse el enfoque actual, la comunidad podría ver comprometida su capacidad de inversión y su equilibrio presupuestario a medio plazo.
