El eurodiputado gallego Nicolás María González Casares, titular en la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo (ITRE), advierte de que el proyecto de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo) «tiene serias dificultades para encajar en el marco de los fondos europeos de recuperación», especialmente si aspira a obtener fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. El representante socialista subraya que hay «dificultades objetivas» para que el proyecto cumpla los requisitos exigidos por Bruselas. La principal traba es la evaluación de sostenibilidad conocida como Do No Significant Harm (DNSH), obligatoria para cualquier iniciativa que pretenda financiarse con fondos europeos de recuperación. Esta evaluación busca garantizar que el proyecto no cause daños significativos al medio ambiente y está incluida en el reglamento que regula el reparto del dinero asignado a los Estados miembros tras la pandemia.
«Conseguir una declaración de impacto ambiental favorable es solo un paso más, pero no da derecho automáticamente a fondos europeos», explica González Casares. «Se requiere una evaluación mayor, que es la de no hacer un daño significativo. Eso no lo puede cambiar ni el Gobierno de España, porque es una norma europea». A su juicio, Altri difícilmente superaría ese filtro. «Me parece que hay elementos que no cumple, sobre todo en lo que tiene que ver con la biodiversidad, la producción de agua y posiblemente también algunas emisiones», señala. Aunque insiste en que la evaluación la deben hacer las autoridades competentes, deja claro que sin ese paso no hay forma de acceder al dinero europeo: «Para poder dar los fondos se requiere esa evaluación. No hay otra manera de hacerlo».
Fuera de plazos
Además del obstáculo medioambiental, González Casares llama la atención sobre el calendario. El reglamento europeo establece que todos los fondos del plan de recuperación deben estar ejecutados y justificados antes del 31 de diciembre de 2026. El propio cronograma de Altri prevé un plazo de ejecución de 33 meses desde el inicio de las obras, lo que situaría su finalización en 2028, «si las obras empezasen mañana».
«Yo veo difícil que un proyecto así entre en plazo. Y ya no estamos hablando de su viabilidad, sino de algo tan básico como que pueda llegar a tiempo. Hay quien está haciendo castillos en el aire con la adjudicación de fondos», advierte. «Esto no es responsabilidad del Gobierno de España, porque todo el mundo sabía que había un plazo. Si no se cumple, no se recibe el dinero». González Casares recuerda que la fábrica aún no tiene aprobada la evaluación ambiental integrada por parte de la Xunta y que el proyecto lleva cuatro años en trámites, mientras que el fondo europeo de recuperación lleva en marcha desde hace cinco. «Este era un fondo para reactivar la economía tras la covid. Ya no tiene sentido enmarcar este proyecto ahí», afirma. «Puede haber una pequeña flexibilización del reglamento, como mucho un año, pero lo que necesita este proyecto son cuatro. Eso no va a ocurrir. Además, ahora las prioridades europeas son otras».
Otra barrera importante para el eurodiputado socialista tiene que ver con la competencia. Si Altri pretende utilizar parte de esos fondos para financiar la producción de celulosa, podría estar incurriendo en una distorsión del mercado. «Una celulosa, como tal, requeriría además una evaluación específica de ayudas de Estado. Porque si le das 250 millones de euros a una fábrica de celulosa cuando hay otras en Europa, estás alterando las reglas de competencia», advierte. Por eso, insiste en que solo una parte muy concreta del proyecto —la vinculada a la fibra sostenible— podría optar a fondos, siempre y cuando cumpla todos los requisitos medioambientales y de calendario. «Hay cuestiones de competencia, de sostenibilidad y de plazos que hacen que, para mí, hablar de los fondos de recuperación en este caso sea casi una entelequia».
«No es el modelo industrial de la Galicia del futuro»
Más allá de los aspectos legales y económicos, González Casares también cuestiona el encaje del proyecto en el modelo industrial que Galicia necesita. Frente a la acusación de algunos sectores de que el Partido Socialista se opone sistemáticamente a proyectos empresariales, el eurodiputado defiende una visión distinta.
«Nosotros no estamos en el no. Queremos más industria y apostamos por una industria sostenible», sostiene. «El Gobierno de España ha apoyado proyectos industriales en Galicia, como el hidrógeno verde o la mejora de la producción de vehículos eléctricos en Stellantis». También recuerda que el Ejecutivo central ha mostrado su apoyo a la evaluación ambiental de una mina de litio, en línea con la estrategia europea de materiales críticos. «Ese litio servirá para fabricar baterías en Zaragoza con uno de los principales productores del mundo. Y esas baterías se usarán en los coches eléctricos que salgan de Vigo. Eso sí es reindustrialización con futuro», explica.
En cambio, considera que el proyecto de Altri no responde a esa lógica. «No es lo que se espera del futuro industrial de Galicia», afirma. Y pone como ejemplo las numerosas protestas ciudadanas y el rechazo manifestado por distintos colectivos. «Hay mucha gente en este país que entiende que este proyecto no camina en la dirección correcta, y que la sostenibilidad está siendo olvidada o maltratada». El eurodiputado también recuerda que Galicia es la comunidad con menor porcentaje de superficie natural protegida de toda España y que acumula expedientes abiertos por parte de la UE por no aplicar correctamente la directiva de hábitats. En ese contexto, considera legítimo el escepticismo: «Hay motivos para desconfiar de que la Xunta vaya a velar por la protección del medio natural de Galicia».
Una ayuda económica «nunca vista»
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la cuantía de la ayuda pública solicitada: 250 millones de euros. González Casares considera que esa petición no tiene precedentes. «Eso es un 25 % del total del proyecto a fondo perdido. No he visto a ningún empresario gallego que haya recibido esa cantidad en toda la historia de Galicia», critica. «Si el proyecto es tan brillante, no sé por qué necesita semejante ayuda pública».
En ese sentido, el eurodiputado insiste en que el Gobierno central tiene la responsabilidad de garantizar el buen uso de los fondos. «Si tú dices que vas a acabar tu proyecto tres años después del plazo, el Gobierno no puede darte el dinero, porque luego se pierde. Y ese dinero se necesita para otras cosas», apunta. También se muestra escéptico con la afirmación del CEO de Altri, que aseguró que su empresa fue seleccionada en un concurso internacional. «Que lo expliquen. ¿Dónde se convocó ese concurso? ¿Quién participó? ¿Cuáles eran las bases? Porque como gallegos, no vimos nada de eso».
