La Asociación Empresarial Eólica (AEE), patronal nacional del sector, ha trasladado su “enorme preocupación” tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de levantar la suspensión cautelar de varios artículos de la Ley 5/2024 de Galicia. Para la organización, el efecto práctico es claro: la norma vuelve a desplegar efectos y “significa la obligación de iniciar las repotenciaciones de los parques eólicos en Galicia a los 25 años”, una exigencia que, advierte, llega en el peor momento para un sector ya atenazado por la litigiosidad en la comunidad.
La decisión del TC se enmarca en una contienda jurídica sostenida entre la Xunta y el Gobierno central, que suma ya varios capítulos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez recurrió en 2025 varios preceptos de la ley gallega al considerar que podían invadir competencias estatales. El Constitucional, sin embargo, ha acordado por unanimidad levantar esa parálisis provisional al entender que los perjuicios alegados por el Estado no son “ciertos, ni actuales ni efectivos”, y permite así que los artículos impugnados vuelvan a aplicarse mientras se resuelve el fondo del recurso.
El recurso de inconstitucionalidad se interpuso el 30 de septiembre de 2025 y fue admitido a trámite en enero, lo que activó la suspensión automática de los artículos recurridos. Tras ello, la Xunta pidió formalmente al TC que levantase la cautelar —apoyándose en una resolución del Parlamento gallego, donde el PP cuenta con mayoría absoluta— al sostener que no se producían “perjuicios irreparables”. El tribunal ha aceptado ese planteamiento en la pieza cautelar, aunque sin entrar todavía a decidir si, en el fondo, la norma autonómica pisa o no un terreno competencial que no le corresponde.
Además del debate eólico, la suspensión afectaba a otro bloque de la ley relacionado con la homologación de baremos de ayudas a la dependencia y la discapacidad (artículo 45.5), una reforma que la Xunta impulsó a finales de 2024 para reducir burocracia y acortar demoras en una de las regiones más envejecidas del país. Pero el foco sectorial se ha desplazado casi por completo a la otra gran pieza del conflicto: la repotenciación eólica.
Qué cambia para los parques más antiguos
Los preceptos sobre repotenciación están recogidos en el artículo 30 (apartados 2, 13, 17, 19, 20, 21 y 25) de la Ley 5/2024. La norma establece que los parques anteriores al año 2000, o con más de 25 años de antigüedad, deben sustituir sus aerogeneradores por otros más modernos y eficientes, sin incrementar la potencia autorizada. La Xunta defiende que ese relevo permite producir más con menos máquinas, reducir impacto y modernizar el parque eólico en una comunidad donde la generación renovable —subraya el Ejecutivo gallego— es estratégica para la descarbonización, más aún en episodios de fuerte viento como los vividos este invierno.
El propio auto del TC introduce un argumento ambiental para justificar que la norma no siga paralizada: sostiene que “el levantamiento de la suspensión resultaría más tuitivo (beneficioso) para el medioambiente” que mantenerla, y lo vincula a hitos con fecha vinculada a los objetivos de la Agenda 2030 y a la ejecución de los Fondos Next Generation. En la Xunta, el presidente Alfonso Rueda calificó la decisión como una “magnífica noticia” por abrir la puerta a reemplazar aerogeneradores antiguos por otros más modernos.
Inversiones paralizadas
La AEE, sin embargo, pone el acento en la inseguridad jurídica que, a su juicio, se activa en cuanto la ley vuelve a estar vigente. La patronal subraya que el Constitucional no ha dictaminado aún sobre el fondo y que “solo se ha manifestado en relación con la suspensión cautelar de la ley mientras que se obtiene una sentencia”. Pero añade que esta decisión “alimenta la ya grave problemática para las empresas eólicas en Galicia”.
En su comunicado, la organización desgrana el punto que más inquieta al sector: el calendario administrativo. “Las empresas propietarias de parques de más de 25 años disponen de 18 meses para presentar la solicitud de repotenciación”, recuerda. Aunque a ese plazo haya que sumar el tiempo durante el que la ley estuvo suspendida, la AEE insiste en que “a día de hoy hay una fecha límite para tener que iniciar obligatoriamente un proyecto sin saber si finalmente la obligación de iniciarlo va a ser anulada o no” por el Tribunal Constitucional.
Esa es, según la patronal, la clave del atasco: decisiones empresariales de gran calado —proyectos técnicos, permisos, inversiones, contratación y financiación— obligadas a ponerse en marcha con una norma vigente, pero con un fallo constitucional todavía pendiente. “Esto genera una incertidumbre jurídica que, lejos de ayudar a traccionar las inversiones, las paraliza”, resume la AEE.
La asociación añade un matiz institucional: “El sector respeta las decisiones judiciales como no puede ser de otro modo”, pero reclama “claridad, robustez e interpretación única del marco jurídico”.
“Bloqueo completo” y litigiosidad
La AEE sitúa este episodio dentro de un contexto que describe como especialmente crítico en Galicia. A la incertidumbre sobre la repotenciación obligatoria se suma —según recuerda— la ola de paralizaciones cautelares del TSXG que afecta a más de 70 proyectos eólicos en tramitación. En esa combinación, la patronal ve el peor escenario posible: “Si a la ya extrema situación que se vive en Galicia… se le suma una nueva incertidumbre sobre si los parques más antiguos tendrán que repotenciarse obligatoriamente al cumplir 25 años, “lo que obtenemos es un escenario de bloqueo completo, tanto para lo nuevo como para lo antiguo”.
La organización insiste en que “este no es el camino” y defiende que la solución pasa por incentivar la repotenciación, no por “prohibir la operación” de los parques que no la acometan en un plazo fijado “desde la política”. En paralelo, advierte de efectos que trascienden al propio sector: “la paralización” de proyectos “por las formas en su tramitación” —señala— puede derivar en un retroceso económico y social, porque no solo se frenan parques, también se enfrían decisiones industriales: empresas que no se instalan, que no amplían producción o que no logran mejorar costes energéticos al no poder beneficiarse de contratos PPA eólicos.
La Xunta, por su parte, sostiene que la repotenciación es una vía de modernización con impacto ambiental e industrial. En Galicia, de hecho, ya hay repotenciaciones en marcha de forma voluntaria: la Administración autonómica cifra en 16 los proyectos en distintas fases, con retirada prevista de más de 500 aerogeneradores y estimaciones de mejora de producción y reducción de emisiones asociadas a equipos más eficientes.
El debate se encuadra, además, en un clima de fuerte litigiosidad en la comunidad. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) ya denunció en octubre de 2025 un “enredo judicial” y una interpretación cambiante que, a su juicio, ha dejado al sector “atado de pies y manos”, con efectos sobre empleo, cadena de valor e inversiones. En sintonía con ese diagnóstico, la entidad autonómica ha insistido en lo que califica como un “paroxismo judicial” en la región: lamenta que se revoquen permisos basándose en informes privados que tacha de abstractos o en interpretaciones sobre la Red Natura que, sostiene, chocan con criterios del Tribunal Supremo y de la justicia europea.
Mientras el Constitucional no dicte sentencia sobre el fondo, el pulso seguirá abierto. De momento, la ley vuelve a aplicarse y el calendario vuelve a contar. Y ahí es donde la patronal nacional sitúa el nudo de su crítica: que el sector tenga que tomar decisiones irreversibles con una obligación vigente, pero con la última palabra aún por escribirse.
