¿Está muerto el proyecto de Altri? La pregunta ya no se formula solo en las manifestaciones ni en los comunicados de las plataformas contrarias a la macrocelulosa. Ha llegado de lleno al Parlamento de Galicia y al núcleo del debate político autonómico. El proyecto de Altri para instalar una gran planta de celulosa y fibras textiles en Palas de Rei sigue existiendo formalmente, pero acumula tantos obstáculos que su continuidad depende menos de nuevos informes y más de una decisión que la Xunta evita tomar de manera explícita.
La iniciativa, impulsada por la filial Greenfiber y presentada como una inversión de unos 850 millones de euros, nació condicionada a una combinación muy concreta de factores: permisos ambientales, financiación pública y acceso garantizado a la red eléctrica. Durante años, la tramitación avanzó como si esas piezas fuesen a encajar. En los últimos meses, ese equilibrio se ha roto.
La Xunta otorgó al proyecto una Declaración de Impacto Ambiental favorable. Este trámite evalúa si una iniciativa puede ser compatible con el entorno bajo determinadas condiciones, pero conviene aclararlo: una DIA no autoriza a construir ni a poner en marcha una fábrica. Es un paso previo, necesario pero insuficiente. El permiso clave para operar una instalación industrial de este tamaño es la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que también depende de la Xunta y que fija de manera detallada cómo puede funcionar la planta: límites de emisiones, vertidos, consumo de agua, gestión de residuos y controles ambientales. Sin AAI, la fábrica no puede operar aunque tenga una DIA favorable.
Ese trámite sigue pendiente. Y en los últimos meses, el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rebajado públicamente su relevancia, llegando a calificar la AAI como “algo incluso secundario” y trasladando a la empresa la decisión de seguir o no adelante. Es un cambio significativo respecto al discurso inicial, cuando el proyecto se defendía como estratégico para Galicia.
Mientras tanto, fuera del ámbito autonómico comenzaron a llegar los noes que han terminado de bloquear la iniciativa. El primero fue el financiero. Altri aspiraba a recibir una parte muy relevante de fondos públicos, especialmente a través del PERTE de descarbonización industrial. Ese respaldo no llegó. El proyecto quedó fuera al no alcanzar la puntuación mínima exigida en la evaluación. No fue un veto político explícito, pero sí un rechazo con consecuencias directas sobre el esquema económico con el que se había presentado la inversión.
A este revés se sumó la falta de apoyo en otras convocatorias europeas vinculadas a innovación industrial. Sin una negativa formal, pero también sin aval económico. El encaje del proyecto en el marco de los fondos europeos de recuperación se fue debilitando, tanto por los requisitos de sostenibilidad como por una cuestión básica de plazos: los fondos deben ejecutarse antes de finales de 2026, un horizonte difícilmente compatible con un proyecto que aún no ha iniciado obras y que prevé varios años de ejecución.
El punto de inflexión llegó con la electricidad. La planta proyectada necesita una enorme cantidad de energía para funcionar de manera continua. Para ello, la empresa solicitó una subestación propia y el permiso de acceso y conexión a la red de transporte de alta tensión. Esta decisión no depende de la Xunta, sino del Gobierno central, dentro de la planificación eléctrica estatal.
La respuesta fue negativa. El Ejecutivo denegó tanto la subestación como la conexión a la red. No se trata de un trámite menor ni de una condición técnica fácilmente subsanable. Sin acceso a la red de transporte no hay suministro garantizado, y sin suministro no hay fábrica. En la práctica, este “no” deja al proyecto fuera de la planificación eléctrica hasta 2030, que prioriza otros territorios y otros usos, como la descarbonización de industrias ya existentes, el hidrógeno verde o el refuerzo del ferrocarril.
Una decisión técnica
A partir de ahí, el proyecto ha entrado en una fase distinta. Ya no es solo un expediente técnico, sino un problema político abierto. En las últimas semanas, el debate se ha tensado en el Parlamento gallego. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha dado por hecho que, sin conexión eléctrica, el proyecto no puede autorizarse y ha situado la responsabilidad final en la Xunta. En varias intervenciones, ha acusado al Gobierno gallego de mantener una “indefinición calculada” y ha advertido de que seguir adelante sin resolver esa inviabilidad podría suponer “rayar la prevaricación”.
Besteiro sostiene que el proyecto está “muerto” desde el momento en que quedó desconectado de la red eléctrica y ha puesto en cuestión que las alegaciones que pueda presentar la Xunta a la planificación estatal tengan recorrido. En su argumentación, el problema ya no es solo ambiental, sino también económico y técnico: sin fondos del PERTE, sin respaldo europeo claro y sin conexión eléctrica, el proyecto no se sostiene.
Desde la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda ha respondido defendiendo que las decisiones adoptadas hasta ahora se han basado en informes técnicos y no en criterios políticos. Ha insistido en que en Galicia “deciden los técnicos” y ha rechazado la idea de que el Gobierno autonómico tenga que pronunciarse de manera anticipada sobre el fondo del proyecto mientras los trámites sigan formalmente abiertos. Al mismo tiempo, ha reiterado sus críticas al Ejecutivo central por la negativa a la conexión eléctrica y ha advertido de que esa decisión, a su juicio, perjudica al conjunto de la provincia de Lugo.
Formalmente, Altri no está muerto. No hay una resolución que lo cierre ni una renuncia expresa de la empresa. Pero en términos reales, el proyecto está bloqueado. Ha perdido la financiación pública clave, ha recibido un no decisivo a la conexión eléctrica y ha dejado de ser presentado como prioritario por el propio Gobierno gallego. El debate ya no gira en torno a nuevos informes, sino a quién asume la responsabilidad de poner fin a una tramitación que no avanza.
Y ahí es donde se sitúa hoy la pregunta. No como un eslogan ni como una consigna política, sino como una duda razonable: cuánto tiempo puede mantenerse abierto un proyecto que no puede financiarse, no puede conectarse a la red y no avanza en sus permisos finales sin que alguien, finalmente, tome una decisión.
