La decisión del Gobierno de dejar fuera del PERTE de descarbonización al proyecto de Altri ha provocado una oleada de reacciones en Galicia. La planta de celulosa que la multinacional portuguesa proyecta en Palas de Rei (Lugo) aspiraba a recibir fondos europeos por su supuesto encaje en el modelo de transición ecológica, pero el Ministerio de Industria considera que no cumple los criterios exigidos. No habrá ayudas del PERTE, al menos por el momento.
Para la Xunta, la noticia fue recibida como un ataque directo. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aprovechó su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía para reforzar su tesis: que Galicia está siendo marginada por el Gobierno central. “Pensar Galicia en grande es confiar en nuestra tierra y en nuestra gente. Nada más y nada menos”, declaró, en un mensaje que, sin nombrarlo, aludía al veto a Altri.
En el entorno del presidente insisten en que no se puede “frenar inversiones que pueden ser estratégicas para el futuro” de la comunidad. El proyecto ha pasado a formar parte del relato político del PP gallego, como ejemplo de una supuesta discriminación que sitúa a Galicia en desventaja frente a otras comunidades.
Guerra partidista
Desde la oposición, sin embargo, no ven las cosas igual. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tachó de “decepcionante” la intervención de Rueda, a quien acusó de “autocomplacencia y autobombo” y de estar “más preocupado por la oposición que por la Galicia real”.
Besteiro cuestionó que el presidente de la Xunta reclame respeto para los informes técnicos elaborados en Galicia mientras desacredita los del Gobierno. “Es contradictorio pedir competencias si luego no se ejercen bien las que ya se tienen”, señaló, en referencia a la tramitación y supervisión del proyecto por parte de la propia Xunta.
Para el PSdeG, el debate sobre Altri refleja una estrategia de la Xunta para ocultar la falta de avances en otras materias más sensibles, como la vivienda, la sanidad o la falta de oportunidades para la juventud. “Rueda habla de pensar Galicia en grande, pero no concreta cómo”, critican desde las filas socialistas. “Se está intentando convertir una decisión objetiva en una guerra partidista para esconder otros problemas de fondo”, apuntan desde el PSdeG, que consideran que el foco debería estar en reforzar sectores sostenibles, no en justificar proyectos que no superan los filtros europeos.
“Ni un solo euro”
Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, fue aún más tajante. “Lo decimos desde hace tiempo: Altri no puede recibir ni un solo euro para contaminar Galicia”, aseguró, y pidió al Gobierno central que confirme “con total claridad” que no se destinarán fondos públicos a la multinacional.
El Bloque, que lleva meses posicionándose en contra del proyecto, celebró la decisión como un paso importante, pero sin caer en la euforia. Pontón propuso que los 250 millones que la empresa aspira a obtener se destinen a sanear la ría de Arousa, recuperar el río Ulla y reforzar el tejido productivo gallego.
Aunque firme en el rechazo, el BNG mantiene un tono prudente, consciente de que el proceso no ha terminado. La declaración de impacto ambiental sigue pendiente y la empresa no ha retirado oficialmente el proyecto. “El momento es clave para mantener la presión”, señalan desde la formación, que no quiere perder el liderazgo en el discurso ambiental sin sobreactuar.
“Altri NON”
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se ha pronunciado públicamente sobre la exclusión del proyecto del PERTE. En una declaración publicada en redes sociales, fue directa: «No apoyaremos ningún proyecto que ponga en riesgo a la población, la naturaleza, nuestro ecosistema o la vida misma. Siempre lo hemos dicho alto y claro: ¡Altri non! Y hoy lo decimos también en el Gobierno». Su mensaje no deja lugar a dudas sobre la postura del Ejecutivo, y refuerza la idea de que el rechazo no obedece a intereses partidistas sino a una visión coherente con los criterios de sostenibilidad ambiental.
Díaz, gallega y conocedora del debate social que rodea al proyecto, ha querido situarse en sintonía con las preocupaciones que vienen expresando vecinos, organizaciones sociales y colectivos ecologistas. Su intervención añade una capa más a la posición oficial del Gobierno, que hasta ahora había optado por un perfil bajo en sus declaraciones. Al mismo tiempo, refuerza la idea de que el Ejecutivo central no contempla una financiación pública a una iniciativa que, más allá de las cifras, sigue generando una fuerte contestación en el territorio.
Un proyecto que pierde apoyos
Altri presentó su propuesta como una oportunidad para dinamizar el rural gallego, pero el rechazo ha ido creciendo con el tiempo. Las críticas al impacto ambiental se han visto reforzadas por las objeciones técnicas que ahora comparte el propio Ministerio. La denegación de los fondos del PERTE no implica la cancelación del proyecto, pero sí un golpe serio a su viabilidad económica. La empresa aspiraba a recibir cerca de 30 millones de euros que ahora tendrá que buscar por otra vía.
Desde Greenpeace, que había criticado duramente el proyecto, la noticia fue recibida como “un primer paso de enorme importancia”. Su coordinador en Galicia, Manoel Santos, reclamó que se confirme la exclusión de cualquier ayuda, no solo del PERTE, y pidió a Altri que anuncie su retirada aprovechando su próxima asamblea general en Oporto. La organización ecologista ha convocado nuevas movilizaciones para mayo y junio, aunque su presencia mediática en este momento ha quedado en segundo plano.
Mientras tanto, las protestas vecinales continúan activas, con plataformas locales que se oponen a una industria que consideran incompatible con el modelo de desarrollo que necesita el interior gallego. La falta de una “licencia social” —el respaldo de la comunidad— se suma ahora a la falta de respaldo institucional y técnico.
Desde Madrid, el Ejecutivo ha optado por no entrar al choque. No ha habido comparecencias específicas para justificar la decisión, aunque fuentes del Ministerio de Industria indican que la exclusión responde a criterios estrictamente técnicos, relacionados con el grado de descarbonización del proyecto y su alineación con los objetivos climáticos europeos.
La Xunta, por su parte, insiste en que la decisión responde a “criterios políticos” y mantiene su defensa del proyecto. Pero lo cierto es que el rechazo del PERTE se suma a otras señales que apuntan a la debilidad de la propuesta. Ni la tramitación ambiental ni el contexto social ni los informes técnicos parecen jugar a favor.
