La portavoz municipal del BNG en el Concello das Pontes, Carmela Franco, junto con el concelleiro Quico da Silva y el diputado en el Parlamento de Galicia Mon Fernández han anunciado las enmiendas presentadas a los presupuestos de la Xunta «centradas en un objetivo muy claro: la reactivación industrial de As Pontes».
Con este objetivo desde el BNG lanzan varias propuestas «que sin duda significarían un impulso decidido a esa reindustrialización» y que al mismo tiempo cumplirían con un segundo objetivo: «que As Pontes deje de ser una referencia en la producción de electricidad barata para ser también referencia en las tecnologías de almacenamiento energético», que serán la clave en el proceso de transición energética.
Desde el BNG explican que con este objetivo han presentado dos enmiendas: una para la constitución de un «Centro para a Competitividade e o I+D+i para o almacenamento de enerxía» con una dotación inicial de diez millones de euros y otra para el rescate de la central térmica también para funciones relacionadas con el almacenamiento energético, con una dotación inicial de 2,5 millones de euros.
Una tercera enmienda iría destinada a la constitución de otro centro tecnológico en otro ámbito de máxima importancia, en este caso centrado en la investigación robótica, en la inteligencia artificial y en la internet de las cosas (AIeIT), que «lógicamente también serviría para atraer empresas de alto valor añadido a la localidad».
Una cuarta enmienda está destinada a la dotación de suelo industrial «con sus correspondientes servicios y suministros básicos, especialmente el del agua». Y, finalmente, «una apuesta clara también por unos servicios públicos de calidad que garanticen una atención digna a todas las personas mayores, dependientes o niños, y la conciliación de las familias».
Desde el BNG hacen hincapié en que las promesas de la Xunta de Galicia del Partido Popular durante estos años «nunca se concretan en nada real» para los vecinos de As Pontes, a la vez que constata «poco a poco el pueblo se queda sin vida», lo que exige «un cambio radical en las políticas de la Xunta», que debe traducirse en partidas económicas concretas y ejecutables en los presupuestos que se están tramitando.
