El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que la posible reapertura de la central térmica de As Pontes es el «perfecto ejemplo» de lo que se viene advirtiendo por parte del Gobierno gallego desde hace tiempo y también por parte de gente que «entiende» de energía, es decir, que la transición energética del Gobierno central «no tenía en cuenta muchísimos factores y estaba teniendo, y ya tuvo en Galicia, consecuencias muy perjudiciales».
Así las cosas, ha encuadrado la petición de un informe a Red Eléctrica sobre la reapertura de las chimeneas como una manera de desviar la «decisión» que, de tomarla en primera persona, sería «una contradicción» con lo que viene defendiendo y diciendo. En este sentido, ha intuido que la entidad se pronunciará de forma favorable: «No nos va a sorprender».
Por su parte, el secretario xeral de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril, ha reclamado al Gobierno «decisiones políticas» sobre el futuro inmediato de la térmica de As Pontes y rechaza que sea el operador del sistema, Red Eléctrica Española, el que determine las condiciones de reactivación de la central.
«No le compete una decisión de este calado», ha aseverado Carril en una rueda de prensa celebrada este jueves en Ferrol, donde ha denunciado que el anuncio «no ha sido transparente» cuando debería ser una oportunidad para «afrontar una transición energética social y territorialmente justa, ordenada y que dé seguridad al sistema eléctrico, además de generar alternativas de empleo y de reindustrialización».
«Esto no puede significar para As Pontes un paso atrás en las ayudas y los proyectos industriales que estaban en marcha», ha incidido el responsable de la central sindical, que ha incidido en que es necesario que haya «una mayor seguridad en el suministro eléctrico y, además, una transición justa, acompasando los tiempos que permitan el mantenimiento del empleo y la implantación de los proyectos que garanticen la reindustrialización y el empleo de futuro».
Activar los cuatro grupos
Por su parte, el responsable de Enerxía del sindicato nacionalista, Fernando Branco, ha explicado las cinco propuestas con las que la CIG quiere construir una «transición justa» y no «una pura reconversión, que es lo que se ha hecho hasta ahora».
Así, Branco ha instado a las partes a poner los grupos 1 y 2 de la central en «condiciones de operatividad total». Se trata, recordó, de la parte de la central en la que se acometieron las inversiones millonarias para adaptarse a la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), pero su puesta en funcionamiento debe ir precedida de una «revisión profunda porque el mantenimiento estaba en fase de abandono».
En ese sentido, el portavoz de la CIG recalcó que «ningún gobierno prudente cerraría hoy en día ninguna instalación eléctrica porque estamos, conviene recordarlo, ante un problema de desabastecimiento y encarecimiento de precios». Además, la central nacionalista cree que deben ofertarse los megavatios de los grupos 3 y 4 a los proyectos en marcha relacionados con la transición, como se está haciendo, dijo, en Andorra-Teruel. «Los proyectos que se están anunciando dependen de tener línea de evacuación», ha remarcado.
