El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha recibido nuevos partes médicos presentados por vecinos de As Somozas que aseguran haber sufrido afecciones respiratorias y oculares debido a las emisiones de cal viva procedentes de la planta de tratamiento de residuos industriales operada por la empresa Sogarisa.
Las denuncias fueron presentadas por los afectados junto con las organizaciones Ecologistas en Acción y la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), quienes han apoyado la ampliación de la causa judicial contra la empresa. La denuncia incluye un episodio reciente ocurrido días antes del 13 de abril, lo que llevó a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a intervenir y ordenar la suspensión parcial de actividades en el Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG). Esta medida se adoptó tras varios casos de intoxicación en la zona, registrados por los vecinos.
Junto a los informes médicos, también se presentó un informe técnico que documenta supuestos incumplimientos de la normativa ambiental. Según el documento, la empresa habría continuado expulsando cal viva al exterior en forma de vapores, incumpliendo la normativa de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), que establece que este tipo de procesos debe realizarse en instalaciones cerradas y controladas.
Causa abierta en 2024
El caso judicial contra Sogarisa comenzó a principios de 2024, cuando el juzgado abrió diligencias por un posible delito contra la ordenación del territorio. Desde entonces, las organizaciones ecologistas y de consumidores han señalado la persistencia de los episodios contaminantes en la zona, a pesar de las afirmaciones de la Xunta de Galicia, que asegura que «la planta de procesamiento funciona correctamente» y que «la antigua unidad de estabilización con cal ya no se utiliza». El nuevo informe técnico presentado ante el tribunal refuerza las acusaciones, apuntando a un incumplimiento sistemático de la evaluación ambiental integrada y sugiriendo posibles negligencias en el control de las emisiones.
Las organizaciones denuncian una falta de control institucional sobre la gestión de residuos industriales en Galicia, lo que podría tener consecuencias graves para la salud pública y el medio ambiente de la zona.
