El diputado ferrolano del BNG en el Parlamento Gallego, ‘Mon’ Fernández acaba de presentar una iniciativa para que desde la cámara autonómica se inste al Gobierno a «paralizar el procedimiento de contratación del servicio de mantenimiento en el centro de Navantia Ferrol, y la elaboración de unos nuevos pliegos que promuevan la prestación del servicio por uno único adjudicatario».
Según ha explicado el Bloque y también ha denunciado el propio comité de empresa de la UTE Tecman-Rayma, el astillero acaba de iniciar el procedimiento público para la contratación del servicio de mantenimiento en la factoría con unos pliegos para la prestación de este servicio que contienen una división del mismo en 8 lotes, y la limitación para los licitadores que concurran al procedimiento a ser adjudicatarios de máximo 2 lotes.
«La combinación de estos dos condicionantes va a provocar la división del plantel que venía prestando este servicio desde el año 2016», explican desde el Bloque. Según los nacionalistas, en la línea con el comité de empresa, el objetivo de Navantia es «debilitar la capacidad de respuesta de un plantilla que ha sido muy combativa en la defensa de sus derechos colectivos».
Además, en su iniciativa ‘Mon’ Fernández señala que este pliego contraviene el espíritu de la Ley de contratos del sector público, en el que se «recomienda mantener la unidad del objeto de la contratación, y su realización por una única empresa que subrogue a la totalidad de la actual plantilla sin necesidad de dividirlo o repartirlo entre diferentes contratistas». Por otra parte la prestación del servicio a través de un único adjudicatario «favorece la polivalencia funcional del personal, lo que además evita la subactividad, y al mesmo tempo reduce los costes indirectos de estructura», insisten desde el Bloque.
De hecho, y esto es de resaltar, el centro de Navantia Ría de Ferrol es el único de todos los de Navantia que persigue esta división del servicio de mantenimiento. «Una singularidad que no tiene más explicación que la mencionada voluntad de perjudicar los legítimos intereses de este personal». Por ello creen que la falta de una justificación legal, técnica, organizativa o económica, para esta división, deber a los responsables políticos a tomar cartas en el asunto.
