El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega hoy viernes a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria, un estudio que pusieron en marcha desde la institución después de que así lo solicitase el Congreso de los Diputados. Este informe se señala directamente a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol por no haber colaborado con ellos en la elaboración del informe, como sí han hecho otras diócesis, arzobispados y congregaciones de toda España que han aportado los datos requeridos. El informe añade que tampoco colaboraron desde Ferrol en lo que respecta a las víctimas: “Cuatro diócesis no aportaron datos de las víctimas de sus casos: las de Ibiza, Mondoñedo-Ferrol, Sant Feliu de Llobregat y Oviedo”, destacan. Así lo resume el informe: “Un grupo de obispados no suministró prácticamente información de los casos que reconoce, ni sobre agresores, ni víctimas, ni abusos, ni lugar o tiempo. Son las diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Almería, Menorca, Ibiza, Mondoñedo, Ferrol y Vic”.
Sin embargo, desde la diócesis, matizan los datos arrojados por el informe del Defensor del Pueblo. El responsable de comunicacion de la comisión diocesana PROTEGE, encargada de velar por la protección y el acompañamiento a menores, personas vulnerables y sus familiares en el territorio de Mondoñedo-Ferrol, Baruk Domínguez, detalla que sí dieron cuenta de dos casos de abusos. El primero de ellos se produjo en 2015 por parte del padre José María Díaz —que ostentaba el cargo de deán de la catedral de Santiago de Compostela en el momento del notorio robo del Códice Calixtino—. De acuerdo con el testimonio del demandante, el incidente en cuestión tuvo lugar cuando el joven tenía 17 años. La presunta víctima estaba ayudando al cura a bajar unas escaleras en la plaza de la Catedral de Mondoñedo cuando Díaz habría aprovechado la situación para tocar inapropiadamente al joven.
El otro caso que reconoce la diócesis fue por una denuncia realizada en la parroquia de Viveiro, atribuida a un seglar de la orden tercera franciscana, no ordenado. «Se solicitaron detalles sobre el papel actual de esta persona en la parroquia y medidas para asegurar que no ocupe cargos en la misma», explican desde el arzobispado. Sin embargo, tal y como reconocen desde la diócesis de Mondoñedo-Ferrol ambos casos se resolvieron con un procedimiento canónico, es decir, no se puso en manos de la justicia ordinaria, sino que la Iglesia aplicó su propia justicia. El caso del exdeán fue archivado por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede al entender que no había pruebas suficientes para iniciar un proceso y, por lo tanto, se han revocaron las medidas cautelares, permitiendo a Díaz ejercer nuevamente su ministerio público. Baruk Domínguez afirma no tener conocimientos específicos sobre por qué no se optó por el procedimiento de la justicia ordinaria en esos casos.
Gabilondo ha explicado en rueda de prensa que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución. Además, ha dado otro dato muy llamativo: según una encuesta encargada por el Defensor del Pueblo el 0,6% de la población española mayor de 18 años ha sufrido algún tipo de abuso por parte de algún sacerdote o religioso. El Defensor del Pueblo, señala que este documento “se trata de un Informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”. Así, Ángel Gabilondo pone de relieve que: “Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”.
Respuesta de la Iglesia
El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema. “Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de esta en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos”, lamentan. Por su parte, los poderes públicos “carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica”.
“Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. La mayoría de los casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial”, añaden.
