La Audiencia Provincial de A Coruña, al amparo del sumario elaborado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, acogerá este jueves día 26 la quinta sesión del macrojuicio por trata de personas contra un clan familiar de origen venezolano formado por los procesados F. G. P., WJ. C. R., EJ. Q. H., MC. R. T., JF. R., y AJ.S.
Según el escrito de la Fiscalía, el grupo organizaba la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana desde su país con un visado de turista, incumpliendo las normas de extranjería de acceso al territorio nacional y haciéndolas pensar que iban a trabajar en algún tipo de ocupación diferente, cuando en realidad el ánimo de los mismos era que la persona ejerciera la prostitución. Todos estos hechos tuvieron lugar entre 2017 y 2019.
Una de las víctimas de esta red de trata de personas, que ejercerá cómo testimonia protegida en el juicio, vivía en su país, en Venezuela, en una situación de precariedad económica y conociendo esa situación, los encausados F. G. P. y MC. R. contactaron con ella en 2017 proponiéndole venir a España diciéndole que ganaría mucho dinero, aceptando la testigo valorando sus necesidades económicas.
Una vez en España y tras abonar 2.500 por los pasajes de avión, dos de los procesados la llevaron a varios pisos de la comunidad de Galicia a ejercer la prostitución, obligándole a pagarles el 50% de los beneficios que obtuviera, además de la deuda contraída con ellos.
La testigo tenía que pagar también gastos del piso así como estar disponible para lo trabajo las 24 horas del día. Segundo relata el escrito de acusación, se vio obligada a ejercer la prostitución durante unos 6 meses, hasta que consiguió saldar la deuda y desvincularse de la organización.
La Fiscalía recoge el testimonio de por lo menos otras 19 mujeres en situaciones similares, que llegaron a contraer deudas de hasta 6.000 euros con los procesados, los cuáles les obligaban a pagarles una cantidad semanal fija de unos 300 euros, más el 50% de los beneficios que obtenían por la prostitución. Algunas de las testigos manifestaron trabajar durante 22 horas al día.
Las víctimas estuvieron en pisos en Santiago, Málaga, Granada, Córdoba, Lugo o Ferrol. Algunas de estas mujeres, además, manifestaron que sufrieron agresiones por parte de los procesados por retrasos nos pagados de las deudas. Además, los acusados quedaban en la mayoría de ocasiones con la documentación de las chicas para que no pudieran tramitar su vuelta a Venezuela. Varias de las testigos fueron coaccionadas diciéndoles que publicarían fotos suyas en actitudes comprometidas y otras estaban obligadas a portar un dispositivo de localización para tenerlas controladas en todo momento, segundo recoge la acusación pública.
Además de llevar a cabo esta actividad ilícita, los mencionados encausados vendían sustancias estupefacientes (cocaína) en los pisos donde se ejercía la prostitución.
Tras varios meses de investigación, las fuerzas de la orden realizaron un registro en varios de los pisos propiedad del clan, incluido uno de Ferrol el 12 de febrero de 2019, donde se encontraron variados efectos utilizados por los acusados para la realización de los hechos relatados, como varios discos duros, varios teléfonos móviles, varios ordenadores portátiles, pendrives, tarjetas de memoria, terminal Sum up TPV móvil, así como variada documentación y dinero en efectivo: por lo menos 2.120 euros y 501 dólares americanos.
Según la Fiscalía todos estos hechos son constitutivos de un delito continuado de inmigración ilegal y de de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de prostitución coactiva. Además los encausados son coautores del delito de tráfico de drogas. Por todo ello, la acusación popular pide penas de entre 16 y 24 años de cárcel para los miembros de este clan organizado.
