Delegados y delegadas de la CIG, UGT y CCOO en el sector de las residencias privadas de la tercera edad continuaron este lunes con el calendario de movilizaciones para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo, que está caducado desde diciembre de 2018, y denunciar las maniobras dilatorias de la patronal.
En esta ocasión, la protesta se trasladó a la residencia que DomusVi tiene en la Avenida del Esteiro de Ferrol, donde se corearon consignas a favor de «unas condiciones de trabajo justas y de unos salarios que dignifiquen la actividad» que realizan, pues a pesar de evidenciarse cómo esencial durante esta pandemia, «la patronal se niega a compensar económicamente el sobresfuerzo hecho por las trabajadoras y trabajadores».
Después de demorar durante seis meses a constitución de la mesa de negociación, explica la responsable del sector de la CIG-Servicios de Ferrol, Beatriz Fernández, «la patronal no aportó ninguna propuesta y solo está haciendo un paripé para dilatar el más posible a negociación», a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentaron a la sentencia del TSXG que daba a razones a las centrales sindicales en el conflicto colectivo por la compensación de los festivos trabajados.
Critica la actitud de la patronal, que acude a las reuniones «sin intención de negociar y partiendo de la base de que no va a haber mejoras salariales». Frente a esto, añade, «las centrales sindicas no vamos a renunciar a reivindicar mejoras económicas y, sobre todo, sociales para las trabajadoras, y seguiremos adelante con las movilizaciones».
Un convenio que regula las condiciones de unas 10.000 personas
Este convenio alcanza la cerca de 10.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres y regula las condiciones de Centros de Día, Centros de Cuidados o Residencias que son bien públicas de gestión privada, privadas con financiación pública o completamente privadas.
Fernández pone la atención en DomusVi, compañía domina el sector de las residencias privadas de mayores, «que vende públicamente una imagen modélica de sus centros, cuando en sus residencias tiene los planteles asustadísimos y en unas condiciones precarias». Además, denuncia que, en una comarca empobrecida como Ferrolterra, empresas como esta «se aprovechan de que en muchos hogares el único salario que entra es el de estas trabajadoras para mantener y ahondar la explotación laboral».
Incumplimiento de las ratios
Sobre la situación del sector, la secretaria nacional de la CIG-Servicios, Transi Fernández, denuncia el incumplimiento de las ratios de personal por número de personas dependientes, una situación que está muy controlada en los centros públicos en los que, con el mismo número de dependientes cuentan con hasta 15 trabajadoras más.
Junto a esto llama la atención sobre lo hecho de que la inmensa mayoría de las personas ingresadas en residencias de mayores y personas dependientes que fallecieron por consecuencia de la Covid estaban en centros privados y que solo cinco de los fallecimientos se corresponden con centros públicos.
