El Concello de Ferrol, obligado a rectificar tras anunciar que sólo redactaría documentos en castellano

El Gobierno local ha dado marcha atrás tras trascender un documento en el que llamaban a que todos los textos se redactasen "exclusivamente en lengua española"

Archivo - El portavoz del grupo municipal del PP en Ferrol, José Manuel Rey Varela - EUROPA PRESS

El Concello de Ferrol ha rectificado su decisión de que en los procedimientos de licitación que se iniciasen y que normativamente tuviesen que ser objeto de publicación la totalidad de los documentos que conformasen el expediente “se redactarán exclusivamente en lengua española”.

“A partires da entrada en vigor da presente instrucción, en todos os procedementos de licitación que se inicien e que normativamente teñan que ser obxecto de publicación, a totalidade dos documentos que conformen o expediente redactaranse exclusivamente en lingua española”, rezaba exactamente la orden del Concello de Ferrol.

Así, tras esta decisión del gobierno que dirige José Manuel Rey Varela con mayoría absoluta, el teniente de alcalde y concelleiro de Contratación, Javier Díaz, ha manifestado este jueves que la administración local seguirá publicando las licitaciones en las dos lenguas oficiales de Galicia y que lo hará en virtud de una colaboración con la Xunta.

Los populares se escudaban en que los servicios lingüísticos del Concello de Ferrol “no tenían capacidad suficiente para atender el exceso de trabajo que requiere la traducción de pliegos complejos”, por lo que, “para trabajar sin retrasos, de forma provisional, se abrió la posibilidad, puntualmente, de realizar las licitaciones en castellano, tal y como hacen en otros ayuntamientos de Galicia”.

Pero para “poder ofrecerle a la ciudadanía estos documentos en las dos lenguas oficiales, castellano y gallego, la Xunta y el Concello de Ferrol, estaban ya en contacto para establecer una colaboración y apoyo, que fue cerrada en las últimas horas”, dijo, después de que trascendiese la instrucción en la que ceñía a la lengua española la publicación de esa documentación.

De esta manera, Díaz ha asegurado que “el Concello de Ferrol tendrá próximamente a su disposición los servicios lingüísticos de la Xunta para reforzar esa acción de traducción y, así, sin dilatar los plazos, ofrecer a la ciudadanía el acceso a los contratos en ambos idiomas”.

Petición de rectificación

Tras conocerse esta instrucción, A Mesa pola Normalización Lingüística mostró su rechazo a la exclusión del gallego de estos documentos e instó al Gobierno local “a rectificar inmediatamente” y a demandar al Estado “que corrija la normativa de publicación de contratos”.

Según el presidente de A Mesa, Marcos Maceira, esta decisión del Concello de Ferrol es consecuencia de “una interpretación aún más restrictiva de la Directiva Europea del que ya lo hace la legislación del Estado” y que “la solución no está en negar la oficialidad del gallego, sino en seguir publicando en gallego y en reclamar del Gobierno español que permita la publicación original en gallego y mayores esfuerzos para alcanzar la oficialidad del gallego en la Unión Europea”.

También han salido al paso de esta decisión desde los grupos municipales de PSdeG, BNG y Ferrol en Común. Los socialistas tacharon de “despropósito” la decisión del Gobierno local, “sentando un peligroso precedente: el de pasar por encima de lo que sea, incluso de la propia lengua, en lugar de trabajar para buscar soluciones a los problemas”.

El portavoz de la formación nacionalista, Iván Rivas, ha asegurado que esta decisión “no garantiza los mínimos derechos de los gallegohablantes” y, además, “demuestra que con esta actitud el gobierno del PP no tiene rubor en pasar por encima del escaso marco normativo que protege estos derechos vulnerados reiteradamente en Ferrol”.

Desde FeC, su portavoz, Jorge Suárez, esta decisión “supone un atentado contra nuestra cultura y nuestra lengua, constriñendo el derecho al uso de la lengua por parte de los funcionarios públicos e incumpliendo de forma flagrante a Ordenanza de normalización lingüística”. Por ello, exigen que se dicte una instrucción en el sentido contrario, rectificando la anterior y que se mantenga “el gallego como lengua vehicular para la redacción de cualquiera documento administrativo”.

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