Eva Martínez, (Ferrol, 1975), asume desde junio de 2019 la concejalía de Patrimonio Histórico y Benestar Social. Un departamento, este último, que ha tenido, tal y como ella misma explica, un protagonismo que no querría haber vivido, fruto de los devastadores efectos de la pandemia del COVID y que, casi sin solución de continuidad, se han unido ahora a la crisis de precios derivada de la guerra en Ucrania.
—Puede que este haya sido el peor mandato para hacerse cargo de un departamento como el de Benestar Social.
—Nadie podía prever que en un mandato de cuatro años sucediesen situaciones tan complicadas. Especialmente una pandemia mundial que nos condicionó absolutamente a todas las instituciones, administraciones, entidades y ciudadanía. Pero lógicamente dentro del ámbito municipal, el área de Benestar Social fue una de las que sentimos de forma más relevante esta pandemia.
Eso no solo nos condicionó los meses de confinamiento, en los que hubo que articular diferentes medidas de emergencia destinadas a los colectivos vulnerables per se, sino también a aquellas personas que de forma puntual y temporal se habían quedado sin ingresos hasta que los ERTE lograron regularizar la situación. Es verdad que también se articularon los mecanismos legales de no fiscalización y eso nos permitió como Concello poder dar ayudas de una forma muchísimo más ágil que de costumbre, de poder disponer de más dinero, modificaciones de crédito, etc.
—¿A cuántas familias llegaron a atender?
—Llegamos a atender cerca de mil familias. Es una barbaridad. No son las que habitualmente son beneficiarias de los servicios sociales. Pero lejos de eso, esta pandemia ha dejado una serie de secuelas sociales importantes. Y realmente, hoy en día, sigue siendo difícil contabilizar las personas que se han visto afectadas de forma coyuntural porque los últimos coletazos de la pandemia han coincidido también con un conflicto bélico que está teniendo un impacto brutal en la economía doméstica y por tanto también en las condiciones de muchas familias. Entonces es cierto que el mandato de cuatro años, quitando los primeros meses, ha sido totalmente convulso y con un protagonismo que no me gustaría, por razones obvias, haber tenido.
—Respecto a esto que comenta, si algo ha dejado claro la pandemia es que el sistema de financiación de los ayuntamientos necesita una revisión.
—Sí, tanto por la asunción de competencias impropias como porque muchos de los fondos y de las inversiones anunciadas no las hemos visto en los ayuntamientos. Yo recuerdo como en plena pandemia salió el entonces ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, anunciando un paquete de ayudas de varios millones de euros que se iban a derivar las comunidades autónomas y que estas, a su vez, tenían que derivar a los concellos. Pero a la administración local nunca llegaron. Sí es cierto que hubo de forma temporal las llamadas tarjetas monedero que consiguieron aliviarnos económicamente porque, además, se tramitaban muy rápido para familias que no tenían ingresos. Pero poco tardó la Xunta en retirarlas y, actualmente, con la situación de precariedad que continúan afrontando muchas familias, seguimos sin ver esos recursos. La Xunta, en muchas ocasiones, se llena la boca haciendo anuncios, pero a la hora de la verdad el trabajo de gestión y tramitación recae en los ayuntamientos.
—¿Cómo es la relación del gobierno de Ferrol con la Consellería de Benestar Social?
—Es diferente según qué áreas y según quién esté al frente de ellas. Con algunas se mantienen unas relaciones mucho más fluidas que con otras. Por poner un ejemplo, yo con el área de Dependencia no tengo absolutamente ningún trato. Me he dirigido a ellos en varias ocasiones por diferentes problemas que hemos tenido y lo máximo que he recibido ha sido un correo de respuesta y nunca, además, en sentido favorable. No es la misma relación que mi departamento está teniendo con el director xeral de Inclusión Social, Antonio Parrado, quién sí ha mostrado un talante más dialogante y con quién hemos logrado resolver ciertos asuntos. Lo que sí es cierto es que en ocasiones la administración autonómica no parece entender que buena parte de las competencias en el ámbito social son suyas, aunque la realidad es que somos los Concellos los que estamos asumiendo la responsabilidad casi en exclusiva. No se trata solo de gestionar dinero, se trata de ir más allá, de conocer las necesidades que tenemos en cada municipio, de trabajar de forma coordinada sobre diferentes programas, etc.
Esto se ve claramente, en Dependencia y más concretamente en el Servizo de Axuda no Fogar. Me parece gravísimo cómo el gobierno de Feijóo y ahora el de Rueda están jugando con algo tan sensible para ganar unos votos a costa de la gente mayor. Ellos saben que los contratos que tenemos adjudicados con empresas para la prestación de este servicio son cerrados, es decir, que existen una serie de horas y de recursos humanos y económicos asignados. Y lo que hacen es anunciar, sin consultarnos a los Ayuntamientos, que nos incrementan, por ejemplo, 5.400 horas de este servicio. ¿Y con qué recursos cubrimos ese servicio? Por ley, solo podemos ampliar un 20% lo acordado en el contrato, así que cuando les decimos que no podemos hacer frente a esas nuevas horas que nos han asignado sin consultarnos, aprovechan para decir en una rueda de prensa que el Concello de Ferrol ha dejado sin utilizar equis número de horas. Como si fuese una cuestión de incompetencia por nuestra parte o de falta de voluntad política, cuando en realidad estamos limitados por un marco legal y contractual. Yo querría saber si a los municipios gobernados por el Partido Popular también se lo hacen. Desde luego a los que estamos gobernados por otras fuerzas, desde luego por el Partido Socialista, es la práctica habitual.
—Sin embargo, en los municipios pequeños de la comarca, el servicio no sufre estos problemas.
—Sin duda. Estos municipios que reciben ayuda de la Diputación, por lo menos en esta provincia, son mucho más solventes a la hora de prestar este servicio. Por poner un ejemplo, desde hace más de diez años la Diputación viene pagando a estos ayuntamientos este servicio a 12 euros la hora. La Xunta de Galicia hasta hace tres años nos pagaba un máximo de 9 euros. Un máximo, lo cual no quiere decir que siempre nos pagase eso. Y ahora acaban de anunciar a bombo y platillo que para 2024 ese máximo ascenderá a 12 euros, es decir, lo que lleva pagando la Deputación desde hace más de diez años.
Y también aquí quieren hacernos creer que las competencias son municipales. Eso no es así. Las competencias de la dependencia son autonómicas. Desde el momento que la Xunta es quien determina y otorga el grado de dependencia, es competencia suya. Nosotros aquí tramitamos, igual que tramita el Trabajo Social de un centro de salud, pero quien decide si tú tienes dependencia y qué grado tienes, es la Xunta, no somos nosotros. Y quien te asigna el recurso es la Xunta, no somos nosotros. O sea, el recurso está en el catálogo de dependencia de la administración autonómica.
—Denunciaba recientemente que algunas entidades sociales habían visto recortadas las ayudas por parte del Gobierno gallego del PP
—Sí. Lo denuncié a raíz de que se anunciase la implantación de una unidad de salud mental infanto-juvenil en el hospital Naval que, aunque llegue muy tarde, bienvenida sea. Lo que ocurre es que ya hemos visto lo que pasa cuando el Sergas monta una unidad de este tipo: que no las dota de personal suficiente. Nosotros, por supuesto, abogamos por un sistema público de salud robusto y aplaudimos que se cree este centro de día, pero la experiencia previa nos lleva a pensar que no va a ser suficientemente operativa. Y por eso es tan importante la labor que realizan algunas entidades como Aspaneps, las cuales, sin embargo, están viendo recortadas las subvenciones de la Xunta de forma drástica.
Los datos están ahí. En 2009, durante el gobierno bipartito del PSOE y el BNG, la entidad recibió 190.000 euros de ayudas. En plena crisis. El año pasado, en 2022, no llegaron a 50.000 mil. Si creas unidades de salud públicas sin suficientes recursos humanos y quitas las ayudas a las entidades que pueden ayudarte a gestionar ciertos programas, estás desmantelando un servicio básico para la ciudadanía. Y pasa lo mismo con otras asociaciones como Aspanaes o AFAL. Con AFAL, también durante el bipartito, se creó una unidad de detección temprana de enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué hizo el Partido Popular al volver al gobierno gallego? Cargársela.
Y, además, lo hacen en el momento que más se necesitan más recursos. Cuando más sensibilidad y más conciencia existe de la necesidad de tratar los problemas de salud mental. Especialmente entre nuestros jóvenes. A raíz de la pandemia han aflorado este tipo de patologías en adolescentes de forma abrupta. Y nosotros seguimos asumiendo competencias impropias. Estamos asumiendo la parte que nos toca y, precisamente por responsabilidad con nuestros vecinos, estamos asumiendo otras que no son nuestras. Cedemos locales municipales para que puedan desarrollar actividades y ponemos a su disposición todo tipo de recursos. Incluídos los económicos. Porque la mayoría de estas entidades nos han pedido si podemos aumentarles las ayudas ante los recortes que están sufriendo por parte de la Xunta. Y lógicamente tenemos que decirles que sí. No podemos dejarlos atrás.
—¿Ha perjudicado a su área que el gobierno local no haya podido sacar adelante unos nuevos presupuestos y haya tenido que prorrogar los de 2021?
—Por suerte, en 2020 tuvimos la oportunidad de sacar adelante un montón de programas de forma extraordinaria, gracias a las medidas de excepcionalidad que se establecieron. Pero si hablamos de cifras, el mayor contrato que hemos sacado adelante en este mandato ha sido precisamente el contrato de Ayuda en el Hogar, que fue licitado por 5,4 millones de euros cada año —un total de 20 millones en cuatro años—, para un presupuesto de seis millones que tiene asignado Servizos Sociais. Es, a nivel económico, el segundo mayor contrato que existe después del de limpieza y recogida de basuras. Obviamente siempre se trabaja con más tranquilidad si tienes un nuevo presupuesto consignado y no tienes que apoyarte en modificaciones de crédito, pero más allá de eso, no nos ha afectado demasiado.
—Sin embargo, desde el grupo municipal popular sí la han acusado de estar desmantelando los servicios sociales del ayuntamiento.
—Que el Partido Popular haga esas acusaciones parece una broma de mal gusto. Son el partido que más ha desmantelado los servicios públicos de todo tipo. Solo hay que hacer un repaso a lo que fueron los años de gobierno de Rey Varela en Ferrol. Con mayoría absoluta, por cierto, y sin una pandemia mundial y una crisis de precios derivada de una guerra. Diría que, como mínimo, su situación era algo más favorable. Y, sin embargo, el Colegio de Trabajo Social de Galicia pidió formalmente en una carta la dimisión de la concejala del departamento en aquel momento, Rosa Martínez Beceiro. Incluso tuvieron que hacer frente a una huelga de las trabajadoras sociales en la que también pedían su dimisión.
El Partido Popular de Ferrol me acusó, en un primer momento, de cerrar una oficina anti-desahucios que directamente no existía. Y lo último que han hecho es mentir sobre que no se están cubriendo puestos en el departamento. Lo cierto es todos los puestos están cubiertos, pero se agarran a un tecnicismo para intentar vender lo contrario. Hay dos bajas de larga duración de personas que no figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y, por tanto, técnicamente, no se puede contratar a nadie para un puesto que no existe. Otra cosa bien distinta es que otra persona haga esas funciones, que es lo que sucede, y se contraten trabajadores mediante programas como el POS Social de la Deputación de A Coruña. Es decir. No hay menos trabajadores, de hecho, hay más, y realmente no hay puestos sin cubrir.
Y en cuanto a las unidades básicas, hay, como siempre, dos trabajadores en cada una de ellas, a lo que se une que, por primera vez, Ferrol cuenta con planes de inclusión —en Recimil y San Pablo— gracias a las ayudas del Fondo Social Europeo, que se concedieron al Ayuntamiento de Ferrol por primera vez en la historia. Y esto repercute positivamente en la carga de trabajo de esas unidades básicas. Aquí lo único cierto es que, a la hora de realizar el contrato más importante del área, el de Ayuda en el Hogar, el PP votó en contra y trató de torpedearlo.
—Quedan pocos meses para que finalice el mandato, ¿esperan poder sacar adelante más programas de Bienestar Social?
—Estamos trabajando de forma especialmente intensa en las políticas de personas mayores, no sólo desde el punto de vista de la dependencia, sino también desde de lo que llamaríamos envejecimiento saludable. Además, al hilo de esto, nos hemos adherido recientemente a la Red de Ciudades Amigables con las personas Mayores, que no es un mero titular de prensa, sino que supone acciones concretas. Ya se ha aprobado el pleno y estamos trabajando para poder implementar acciones en breve. Mientras tanto, como comentaba, la concejalía que dirijo está enfocada en dar alternativas a las personas mayores más allá del ámbito social.
Hay personas mayores que quieren y requieren talleres de memoria, efectivamente. Pero otras prefieren ir al futbol, al teatro, hacer caminatas por el campo, visitar monumentos o hacer otro tipo de actividades de ocio y esparcimiento. No queremos asociar los programas de mayores solo a problemas de salud y a prevención de enfermedades. Ferrol es una ciudad con una cantidad importante de gente mayor y mucha de ella necesita opciones y ofertas culturales y divertimentos concretos. El centro de mayores de Río Xubia es un buen ejemplo de eso. Allí se están desarrollando semanalmente actividades enfocadas al envejecimiento saludable y activo.
Y no olvidemos que, aunque somos una de las ciudades más envejecidas de España, también contamos con unos de los jubilados con las rentas más altas de Galicia y de todo el país. Las personas mayores son también un activo para la ciudad y en eso estamos trabajando. Hay que hacer políticas, evidentemente, de crecimiento demográfico, por supuesto. Pero eso no está reñido con que nos ocupemos no solo de aquellas personas mayores con problemas de salud o dependencia. Cada vez somos más longevos y llegamos a los 70 años en buenas condiciones.
