La Inspección de Trabajo y Seguridad Social acaba de pronunciarse sobre el último Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado por la empresa Carrís Hoteles, propietaria del hotel Almirante de Ferrol. En su informe, la entidad pública «percibe varios elementos que pueden ser constitutivos de fraude», explica Xabier Rodríguez, de la CIG-Servicios de Ferrol. Aseguran desde la central sindical que no existen criterios objetivos para la selección del personal afectado por la medida. El informe de inspección también pone en entredicho que la comisión negociadora del ERTE esté formada por la persona responsable de Recursos Humanos en la empresa, la directora y el jefe de Administración de la compañía.
Por todo ello, la CIG-Servicios de Ferrol denuncia la «práctica terrorista» de la empresa Carriles Hoteles, que, a pesar de tener un ERTE vigente hasta abril de 2023 para todo el personal del Hotel Almirante, acaba de presentar un nuevo ERTE, en esta ocasión con la intención de aplicarlo en las oficinas de servicios centrales. Ante estas actuaciones, la CIG está valorando la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial con el objetivo de tumbar un ERTE «que tenemos claro que no tiene motivos objetivos y reales para llevarse a cabo, como tampoco tuvo ni tiene objeto alguno el ERTE que está padeciendo el personal del Hotel Almirante».
Y vista la intención de la empresa de ir paralizando paulatinamente su actividad, la central teme que llegado abril de 2023 se formule un nuevo ERTE para el centro de trabajo de Ferrol. «Esperemos que, de ser así, la Inspección de Trabajo muestre de nuevo la valentía que mostró en el informe emitido para este último caso».
Paralelamente, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ferrol ha dictado una sentencia en la que condena al grupo Carrís al pago de 198.900,00 euros por el impago de las rentas a la propiedad, desde septiembre de 2019 a septiembre de 2020. No obstante, el magistrado condena el pago de esta deuda durante el periodo entre marzo a junio de 2020, debido a las causas de fuerza mayor derivadas de la pandemia. Una cuantía que asciende a 61.200 euros.
