El transporte público de masas por excelencia, el autobús, no atraviesa por su mejor momento en Galicia. Y muy especialmente en una de las líneas interurbanas más concurridas de la comunidad como es la de Ferrol- A Coruña, que acumula desde hace tres años, tras la nueva concesión del servicio, decenas de denuncias de usuarios ante los constantes retrasos e incumplimientos de horarios. Las protestas masivas de viajeros solo han servido para que la Xunta de Galicia, responsable y competente de este servicio público, haya aplicado lo que los propios usuarios consideran «parches» que no consiguen mejorar el problema de fondo. Son ya casi una docena de modificaciones las que el gobierno autonómico del PP ha realizado para corregir los fallos del contrato adjudicado a finales de 2020 a la empresa Monbús.
Las encuestas de satisfacción realizadas por la plataforma Transporte Público Digno Ferrol e Comarca entre 668 usuarios de este trayecto en diferentes puntos de la comarca, muestran que el 80% considera deficitario este servicio público. La reducción de trayectos y la modificación de horarios sumado a la falta de refuerzos en los tramos con más demanda implica que a menudo quede gente tirada en las paradas. La problemática llevó a los once municipios de las comarcas de Ferrol y el Eume por los que transcurre el trayecto a hacer un frente común para denunciar la «supresión de frecuencias e o incumprimento duns horarios que non cobren a demanda real da poboación ou a supresión das rutas sen previo aviso».
A pesar de este panorama, la única inversión que ha anunciado hasta el momento la Xunta de Galicia en este 2023 respecto al transporte público de Ferrol son unas obras de apenas 45.000 euros en la estación de autobuses de Ferrol. La delegada del gobierno gallego en la ciudad, Martina Aneiros, celebró esta semana esta inversión que servirá para instalar seis nuevas farolas con doce focos y reponer parte del alumbrado del vestíbulo. Además, se arreglarán algunas barandillas dañadas en la zona del aparcamiento y se cambiarán los sanitarios. La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, celebró estos trabajos porque, asegura, «dan respuesta a las demandas de los usuarios».
Sin embargo, desde la plataforma Transporte Público Digno Ferrol e Comarca consideran «una vergüenza y una tomadura de pelo» que el gobierno gallego saque pecho de esta inversión. «A Martina Aneiros le pedimos una respuesta a la documentación que le hemos hecho llegar por registro hace unas semanas con respecto a las gravísimas deficiencias del transporte en nuestra comarca». Creen que ante las necesidades «apremiantes» que tiene la estación, «sin personal, sin horarios ni ningún otro tipo de información para las personas que viajan, sin ningún tipo de servicio, y teniendo en cuenta que entendemos que es la puerta de entrada a nuestra ciudad, nos parece vergonzoso que la única inversión que haga la Xunta en el transporte y en la estación, sea para cambiar bombillas y poner aseos nuevos».
Huelga de trabajadores
Paralelamente a las denuncias y críticas que diariamente ponen sobre la mesa los usuarios de la línea Ferrol- A Coruña, cientos de trabajadores del sector de transporte de viajeros irán a la huelga el 31 de marzo para reivindicar una actualización de los salarios y denunciar el deterioro de la situación de seguridad en los autobuses. El secretario de transporte de la CIG, Jesús Pastoriza, ha explicado que los sueldos «están congelados» en la provincia de Lugo desde 2017, mientras que en A Coruña, Pontevedra y Ourense no se actualizan desde 2020. En esta línea, los trabajadores han manifestado una situación «de precariedad y con convenios no respetados», así como «un deterioro evidente de las condiciones de seguridad porque los autobuses son muy viejos y no cumplen las condiciones».
Además, apunta al propio gobierno gallego como responsable de crear un caldo de cultivo para esta precarización del servicio. «La Xunta de Galicia, en su momento, sacó unos contratos infradotados económicamente, y a pesar de esto la patronal se presentó incluso con rebajas de hasta lo 30% sobre el precio de salida, con la idea de que podrían obtener beneficios a cuenta de explotar los trabajadores, precarizar las condiciones laborales y deteriorar la prestación del servicio hasta límites insospechados. Basta con comprobar como día sí y día también las personas usuarias se quejan por los retrasos nos horarios, las deficiencias del servicio o incluso porque el autobús programado no pasa por la parada», explicó el secretario de transporte de la CIG, Jesús Pastoriza.
Adulterar el mercado
Esta situación de desmantelamiento del transporte público de pasajeros se produce justo cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado a la Comisión Galega da Competencia que incoe un expediente sancionador contra Monbús y Alsa «por indicios de haber podido repartirse el mercado». La sentencia se retrotrae a 2020, cuando ambas compañías concurrieron a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) a un concurso público de varios contratos de transporte por carretera. De las 29 concesiones que se contrataron, se presentaron a cinco en UTE.
Advierten de que el hecho de que Alsa y Monbús hayan concurrido en UTE a cinco lotes, «entre ellos, los cuatro de mayor importancia económica y sin concurrir por separado a ninguno de los otros 24 lotes», no puede interpretarse, «conforme a las reglas de la lógica y las pautas de la experiencia, como una casualidad (caso), sino que ha de considerarse como una causalidad (causa) de un acuerdo, previo, para aprovecharse, además, de que los pliegos permiten concurrir a todas las licitaciones».
