El proyecto para la construcción de un campamento de verano impulsado por la empresa Desarrollos Inmobiliarios Doniños SL en el arenal de Punta Penencia está en el punto de mira de la Xunta de Galicia, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y Demarcación de Costas ante la existencia de varios informes que apuntan a una posible ilegalidad de la obra.
Según ha podido averiguar ENFOQUES.GAL, a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Ordenación e Territorio, le constan varias denuncias en esta localización por parte Demarcación de Costas del Estado, el Servicio de Protección de la Naturaleza y un particular.
Precisamente, este medio ha tenido acceso a esta última denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza, formulada en febrero del pasado año tras una investigación realizada por agentes del cuerpo al encontrarse el inmueble en una zona de alta protección medioambiental. Concretamente se incluye en la Zona de Especial Conservación de la Costa Ártabra y de Especial Protección de Aves de la Costa de Ferrolterra.
Los agentes encargados de esta investigación, tras varias visitas a esta parcela de Punta Penencia, concluyen en su denuncia que la obra que se está realizando no se ajusta a los permisos administrativos concedidos para los trabajos, que se corresponden con la «restauración interior de una vivienda». «Cuando en realidad se está realizando una obra nueva en solares exteriores no existentes, así como cambios de uso en otras construcciones», se detalla en la denuncia.
Los agentes del Seprona advierten que el inmueble se está compartimentando «en abundantes habitaciones con baños y puerta de acceso individual para cada estancia». Así como conexiones de aguas residuales soterradas para una solera de hormigón de 35 centímetros «no existente anteriormente». Otra de las irregularidades que las autoridades detectan en este proyecto es que «el garaje existente se cambia de uso y pasa a ser lo que parece un baño colectivo».
La Guardia Civil llama la atención sobre la autorización favorable de Aguas de Galicia —aprobada en mayo de 2020— para el uso e instalación de una depuradora con dimensión nominal apta para 20 personas «con uso residencial». Otra de las presuntas infracciones que más destaca el Seprona es la construcción de un muro de nueva construcción lindante con la playa, «sobre la nueva solera que no existía anteriormente». «Por lo que nos dan a entender los ingenieros de la obra, este nuevo muro se debe al retranqueo de la Demarcación de Costas», constata la denuncia.
Además de estas posibles irregularidades constructivas, el Seprona también recoge otra que atañe a la normativa medioambiental vigente. «En el informe de Patrimonio natural y biodiversidad se habla de «no realizar intervenciones agresivas que puedan suponer un impacto paisajístico», sin embargo se ha realizado el anteriormente citado movimiento de tierras para construir una nueva solera.
En este momento, la Xunta está analizando el desarrollo de las actuaciones y, en el caso de ser necesario, «estudiará la posible incoación de un expediente sancionador y de restitución de la legalidad urbanística«, explican desde la consellería de Medio Ambiente, Ordenación y Territorio.
«La mayor dilación se debe en esta ocasión a la dificultad de determinación de la fecha de ejecución de parte de las construcciones —en los años próximos a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988— y el régimen jurídico aplicable», insisten desde el departamento autonómico.
El empresario madrileño Alberto Arbó, responsable de la empresa y de este proyecto, ha explicado recientemente en un medio de comunicación que la inversión de este campamento supera los 400.000 euros. Arbó, que también consta como administrador del local de hostelería Boa Onda —contiguo al campamento— asumió hace unos años una primera reforma de este antiguo bar de playa y un nuevo cambio de imagen el pasado verano.
Críticas de ADEGA
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), ha sido la primera entidad ecologista en pronunciarse sobre este proyecto constructivo tras conocerse la noticia. Los ecologistas consideran que «la intervención propuesta alcanza al área de protección de mayor valor ambiental de la zona ZEC (Zonas Especiales de Conservación) Costa Ártabra, con lo cual, «se van a derivar impactos medio ambientales que pueden ser importantes. En absoluto queda justificado que dicha edificación tenga que estar en una localización tan privilegiada”, aseguran desde ADEGA.
Creen, además, que el proyecto constituye una «subversión de las normas de protección ambiental» y un «fraude a la ciudadanía, la cual tiene que respetar las restricciones para desarrollar determinadas actividades en espacios protegidos, por primar en estos el interés general de la conservación».
