Jubilados y pensionistas de la CIG se movilizan “por unas pensiones dignas”

Piden que la pensión mínima sea igual el SMI y un servicio público de atención a las personas

Concentración de pensionistas frente a la sede de la Seguridad Social de Ferrol

El colectivo de Pensionistas y Jubilados de la CIG se movilizó en Ferrol para demandar la equiparación de la cuantía de la pensión mínima al SMI, un servicio público gallego de atención a las personas; el incremento de los presupuestos destinados a la atención a la dependencia y un aumento de plazas públicas de Centros de Día y Residencias.

La pensión media gallega es de 865,94 euros mientras que la pensión media en el Estado es de 1.017,97 euros. Esto sitúa a Galicia, según el colectivo de Jubilados y Pensionistas, en el puesto 19 de las 20 comunidades de España, solo por delante de Extremadura.

La situación es aún más grave para las mujeres que tuvieron, en el año 2019, pensiones un 35% inferiores a las de los hombres. Tal es así que la media de las pensiones de las mujeres fue de 677,73 euros, frente los 1.042 euros mensuales que cobraron los hombres. Unos datos que ya de por sí justifican las movilizaciones.

Pero el colectivo ve más allá en sus demandas. Exige la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y de las reformas laborales que tanto el PSOE, como el PP impusieron en su momento. Entiende que “es así como se puede garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y que solo depende de que haya voluntad política”.

Junto a esto, considera especialmente preocupante que no se contemplen mecanismos para establecer “una pensión mínima garantizada por ley, que tendría que ser equivalente al SMI”, y este el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Un principio que, de ser asumido, supondría elevar el salario mínimo hasta los 1142 euros al mes y, por lo tanto, equiparar las pensiones más bajas a esa cuantía.

El colectivo está pendiente además de los contenidos de la anunciada reforma de las pensiones que, todo parece indicar que consolidará los peores aspectos de las reformas de 2011 y 2013.

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