Casi 15.000 euros es lo que reclama un grupo de padres del IES de Trasancos de Narón por el viaje cancelado de sus hijos a Bélgica. La excursión estaba programada para finales de marzo del 2020 con una agencia de viajes de Ferrol, pero el confinamiento provocó su suspensión. Desde entonces, llevan reclamando el reembolso de los pagos aportados, que ascienden a 350 euros por cabeza.
Según explica Carmina Cayuela, directora del ANPA, “eran cuatro pagos: 150, 100, 100 y un último que oscilaba entre 50 y 90, en función de si se pagaba por algún extra”. Las familias fueron ingresando el dinero, incluyendo este último pago “que se realizó en pandemia, para que si pasaba cualquier cosa, no pudiera decir que faltaban pagos”, explica otra de las madres afectadas.
Aunque normalmente los viajes escolares los contrata directamente el centro, en este fue una profesora del instituto la encargada de realizar las gestiones. Por lo tanto, las familias simplemente firmaron la autorización conforme su hijo podía acudir al viaje así como, según la presidenta del ANPA, “que en el momento en el que el instituto entregase el dinero a la agencia, ésta se haría responsable de cualquier inconveniente”.
El problema es que, según la representante del ANPA, “las agencias suelen firmar el contrato 1 o 2 días antes de irse, pero como no se hizo el viaje, sólo tenemos los recibos de los pagos que fue efectuando el instituto y ningún contrato firmado”. Dado que las familias no fueron las que contrataron el viaje, sino el centro, han necesitado que el instituto les diese la documentación para poder actuar. «Este es un colegio público y para algunos padres supuso un gran esfuerzo económico costear la mayor parte de este viaje», explican.

Según cuentan los padres, dos de las profesoras que organizaban el viaje les devolvieron último pago, «sobre 50 euros, junto con una carta de la agencia”. Esta devolución se hizo el 13 de julio de 2020, por lo que a día de hoy la agencia todavía les debería 350 euros a 42 familias, lo que suma 14.700 euros. “Fue lo único que nos dieron, 50 euros para callarnos la boca en verano y dejarnos tranquilos un tiempo”, lamentan con enfado desde la asociación de padres
Además, según les explicó la agencia de viajes (que no ha querido relatar a ENFOQUES.GAL su versión de los hechos), parte del dinero se había empleado en dar una señal al hotel de Bruselas en el que iban a alojarse, «¿pero dónde está el resto del dinero?», se preguntan. Según la representante del APA, la compañía Vueling, con la que habían contratado los vuelos, ofrece vales o la devolución del dinero en efectivo en estos casos, por eso tampoco entienden qué problema existe para recuperar los casi 400 euros invertidos por alumno.
¿Qué hacer en estos casos?
No todos los estudiantes de la comarca que tenían viajes escolares contratados han tenido estos problemas. Es el caso de los estudiantes de bachillerato del IES As Telleiras, que habían programado una excursión a Roma en el mes de mayo y que también fue cancelada. “Llevó tiempo tramitarlo, pero está solucionado a día de hoy”, explica Cristina Alves, la directora del centro. La responsable de este centro recalca que “a lo mejor en el momento en el que lo pagaron no, pero dada la situación de la pandemia, seguramente muchas familias necesitaban ese dinero”.
La pandemia dejó muchos viajes cancelados, por ello el gobierno central emitió en marzo un Real Decreto en el que se adoptaban diversas medidas urgentes para hacer frente a la pandemia, entre otras, medidas que regulasen las cancelaciones de viajes combinados. Según el artículo 36 del RD 11/2020, de 31 de marzo, cuando los viajes fuesen cancelados por el COVID-19, la organización, podría entregar un vale por el importe del reembolso, a utilizar en un año. De no utilizar dicho bono pasado un año, el consumidor podría solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.
En cualquier caso, la ley establecía que para emitir el bono se debía contar con un respaldo financiero que lo garantizase. Sin embargo, si el consumidor había solicitado la resolución del contrato, el organizador debía reembolsarle los pagos en función de si sus proveedores le habían devuelto ya las cantidades pagadas.
Una modificación posterior en el mes de junio, para adaptarse a la normativa europea, establece que el consumidor debía haber aceptado previamente dicho bono y que en caso de no utilizarse en el plazo indicado, podría solicitar el reembolso completo, que debería de abonarse en un plazo de 14 días.