Delegadas de la CIG en las residencias DomusVi de Ferrolterra denunciaron públicamente esta mañana la «situación de precariedad que padecen» las trabajadoras y los trabajadores de estos centros, agravada por la pandemia de la Covid19, la pésima gestión de la crisis sanitaria que está haciendo la empresa y la falta de refuerzo de las plantillas; así como la dejadez de la Xunta a la hora de realizar su labor inspectora en el cumplimiento de las ratios.
Beatriz Fernández, responsable de residencias privadas de la CIG-Servicios de Ferrol, explicó que desde los comités en los que la CIG tiene la mayoría llevan años denunciando la precariedad del sector «de la que DomusVi es muy responsable». Así, explicó que en la residencia de DomusVi de Laraxe hay un nuevo brote con 77 casos activos -entre residentes y trabajadoras- y que «la virulencia con la que se extienden estos brotes no es por casualidad ni mala suerte», sino que tiene unas causas concretas. Fernández advirtió que no se están reforzando las plantillas, ni en las categorías de gerocultora ni en los servicios de limpieza, a pesar de ser este un servicio fundamental en la actual emergencia sanitaria.
Junto a esto, criticó que «se obliga al personal a hacer tareas para las que no está formado» y que se «prolongan y modifican las jornadas de manera abusiva, provocando una sobrecarga de trabajo insoportable». Además, denunció la falta de protocolos idóneos o la escasez de EPI «por la dejadez de las direcciones de los centros».
Todos estos defectos, subrayó Fernández, afectan a la calidad de la atención que se le presta a las usuarias y a los usuarios y por eso, «hacemos cómplice de esta situación a la Consellería de Política Social y, por ende, a la Xunta de Galicia por no ejercer su labor inspectora «y permitir estas prácticas empresariales vergonzosas que mercantilizan los cuidados de nuestras personas mayores».
