Representantes de CIG, CCOO y CGT en la comarca de Ferrol (UGT no pudo acudir) comparecían en la mañana de este miércoles en rueda de prensa para informar de la resolución de la Audiencia Provincial por la que se suspende la ejecución de la sentencia al sindicalista Xesús Ángel López Pintos.
Este es un paso importante en el objetivo inmediato de evitar su entrada en prisión, pero en la comparecencia ya se advirtió que la campaña a favor del indulto y las movilizaciones continuarán «porque lo que queremos es justicia para Pintos, que se le retire la condena».
De este modo, anunciaron que continúa adelante la recogida de firmas en apoyo a la solicitud de indulto para el exsecretario comarcal de la CIG-Ferrol y se mantiene también la convocatoria de la manifestación del próximo martes 31 de mayo que, bajo el lema «Xustiza para Pintos. Derogación da Ley Mordaza», saldrá a las 20:00 horas del edificio de la Xunta de Galicia en Ferrol.
El secretario comarcal de la CIG de Ferrol, Manuel Ángel Grandal, avanzó que, ante el nuevo escenario, la presentación formal de la solicitud de indulto se hará en la primera quincena de octubre «para tener margen suficiente para recoger el mayor número de apoyos posible». El responsable de la CIG-Ferrol recordó que también se está la espera de concretar fecha de reunión con la ministra de Justicia y con el Delegado del Gobierno.
Un escarmiento a la lucha sindical
Grandal valoró que en la propia resolución de la Audiencia Provincial se subraya que los hechos por los que fue juzgado Pintos se dieron en un contexto muy determinado en la comarca de Ferrolterra, de elevada conflictividad y de denuncia y reivindicación de soluciones ante la destrucción de empleo, el desmantelamiento industrial y el aumento de la pobreza.
«Y en este marco, el proceso al que se tuvo que enfrentar Pintos constituye un escarmiento a la lucha sindical y la repuesta social que no podemos permitir y que no podemos separar de la puesta en marcha de la propia Ley Mordaza, de la que volvemos a demandar su derogación inmediata», aseveró Grandal.
El secretario de Organización de CCOO en Ferrol, Santiago Díaz, incidió en esta cuestión, recordando que esta ley pone la acción sindical «en alto riesgo penitenciario» y que busca criminalizar la movilización social. Abundando en esta cuestión, el representante de la CGT, Xaquín García Sinde, recalcó que «esto no va solo de que el compañero Pintos no entre en prisión, sino en dilucidar si hubo o no delito, y nosotros entendemos que no lo hubo»
Suspensión por un plazo de dos años
La resolución de la sección 2 de la Audiencia Provincial de A Coruña suspende la ejecución de la pena privativa de libertad contra el compañero Pintos por un plazo de dos años, «con la condición de que no delinca durante este período».
Cabe aclarar que aunque la sentencia emitida en octubre de 2020 condenaba a Pintos la una pena de seis meses y un día de cárcel, la posibilidad de que entrara en prisión derivaba de la existencia de una pena anterior por el conflicto de las mariscadoras de Mugardos en el año 2001 cuyo juicio, como se reconoce en la propia resolución de la Audiencia, se dilató en el tiempo de manera anormal.
También se tienen en cuenta las circunstancias personales del sindicalista y el contexto social en el que se produjeron los hechos: «en plena lucha en la comarca contra la desertización industrial y la falta de empleo, y con unos gobiernos del PP aplicando durísimas políticas neoliberales de recortes económicos y de derechos».
