La portavoz de Vivienda del BNG, Alexandra Fernández, exigió a la Xunta un compromiso contra la intención de la SAREB para dejar sin vivienda a varias familias en los ayuntamientos de Narón y Ares. A través de una pregunta parlamentaria, la diputada explicó que las familias viven en régimen de alquiler en varios bloques de viviendas en la plaza do Asilo de Piñeiros “ahora propiedad de la SAREB”. En Narón son quince las familias afectadas que ya recibieron la notificación del juzgado para desalojar las viviendas, a pesar de pagar el arrendamiento y con la sorpresa de que la propietaria de los pisos es la SAREB.
Las diligencias de los desahucio, explicó, fueron iniciadas en el mes de mayo de 2019 y finales de ese mismo año tuvo lugar un cambio en la titularidad de los pisos a favor de la SAREB sin que los vecinos fueran informados. “Las familias llevan pagando regularmente , primero la sociedad administradora y después a las sucesivas sociedades que las reemplazaron: a partir de 2019, a Bellehomes Premium cómo subsidiaria de la anterior, a partir del año 2020 a la compañía S240 Restauración y, más recientemente, a través de la inmobiliaria Pardo se obliga a los inquilinos a modificar el contrato ya que pasaría a ser Alkilahouse la nueva administradora”.
En las últimas semanas, la SAREB exigió a las familias información sobre las nóminas, declaración de la renta, empadronamiento y libro de familia sin explicarles cuál es la verdadera finalidad de la información solicitada. Para la diputada, esta forma de proceder resulta “un abuso de poder”.
A los casos de Narón, Alexandra Fernández sumó a las 19 familias afectadas en Ares con el mismo procedimiento por parte de la SAREB. La diputada reclamó iniciar un diálogo con la SAREB para solicitar “la subrogación de los contratos” y en el caso de negarse, solicitar la “cesión de los inmuebles al Instituto Gallego de Vivenda e Solo” para mantener la vigencia de los contratos y luego trasladar las viviendas al parque público de viviendas.
Toda vez que estos edificios son propiedad de la SAREB y que la sociedad está conformada por capital público del Estado resulta “inaceptable” que se permita los desahucios. Desde el Bloque Nacionalista Galego, “estas prácticas antisociales no son admisibles en ningún caso”, y no entendemos como la Xunta “no presta asistencia jurídica a las familias afectadas”.