Este jueves, en la cuarta jornada de excavación en el cementerio de O Val, en Narón, autoridades, medios y familiares de víctimas del franquismo quisieron conocer de primera mano los avances en la investigación de la fosa común donde pueden estar enterradas cerca de medio centenar de represaliados de la Guerra Civil. Miembros del grupo Histagra de la USC, arqueólogos y representantes institucionales comentaron los desafíos, tanto técnicos, como financieros y legales que enfrenta la recuperación de los restos, presuntamente sepultados bajo unas filas de nichos. Lourenzo Fernández, director de Histagra, ha matizado: “No se trata solo de recuperarlos, sino de comprender el contexto de sus desapariciones, para no repetir ni olvidar errores del pasado”.
En esta fosa, se cree que reposan unas 51 personas, principalmente marineros y oficiales de la Marina que se opusieron al Golpe de 1936. Según las hipótesis, basadas en indicios, documentación escrita e historia oral, se encontrarían tripulantes del acorazado `España´, el `Contramaestre Casado´ y el vapor `Dómine´, además de vecinos de la localidad, que fueron fusilados entre agosto de 1936 y febrero de 1938, en al menos siete períodos distintos de ejecuciones. Por eso, podría haber hasta siete fosas diferentes en un terreno en el que ya se han encontrado algunos huesos de varones que presentan signos de violencia, además de dos proyectiles de bala.
Alteración del terreno
Una de las complicaciones de esta investigación es la alteración del terreno y la construcción de nichos sobre las fosas, porque no se puede cavar debajo de las tumbas. Habría que cambiar de lugar un gran número de nichos y para ello se necesitarían muchos trámites y consentimientos de las familias.
Lourenzo Fernández comentó las pautas que se repiten en las fosas comunes de esta época oscura: “Es mucho menos probable encontrar restos identificables que en otros lugares,” comentó. “Estas dificultades se deben al paso del tiempo y a cómo se gestionaron los cementerios y los cuerpos durante aquel verano y todo el tiempo de la dictadura, no durante la democracia”.
Conchi López, Doctora en Historia del grupo Histagra, explicó que están encontrando los vestigios muy alterados. “La construcción de nichos debió modificar la fosa original, por lo que ahora hallamos huesos en posiciones secundarias y no anatómicas”, señaló.
Por su parte, Fernando Serrulla, antropólogo forense del Imelga, ha explicado que “los cementerios son lugares sorprendentemente vivos, con mucha remoción y reutilización de espacios”. Aun así, consciente de la dificultad de esta tarea que están llevando a cabo con la identificación de las víctimas, indica que “más vale tarde que nunca, aunque es verdad que en muchos casos los descendientes directos ya no viven” y esto complica su estudio. De ahí la urgencia de estas exhumaciones.
Por el lado institucional, el delegado del Gobierno en A Coruña, Pedro Blanco, quiso recalcar el compromiso estatal con la Memoria Histórica en Galicia, recordando la inversión de más de medio millón de euros para proyectos de recuperación en la región. “Estamos aquí para apoyar a las familias, darles un entorno de respeto y descanso para sus seres queridos. Sabemos que cuanto más tiempo pase, más difícil se hace el trabajo científico, por eso tenemos que actuar”. Afirmación en la que coincidieron la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y la subdelegada del Gobierno, María Rivas, también presentes en O Val.
Descendiente de uno de los represaliados
Estefanía Pérez, descendiente de uno de los represaliados, mostraba su inquietud: “Con que una familia se oponga (a mover los sepulcros que se construyeron encima de las fosas), lo tenemos muy complicado para exhumar todos los restos”, comentó. “Pienso que debería haber un asesoramiento legal para guiarnos”.
Oria Ferreiro, arqueóloga y directora de la intervención, explicó que la excavación se está haciendo en distintasintervenciones, poco a poco y en catas diferentes, para no comprometer la integridad de las estructuras. Ha sido en una de esas catas cuando el pasado lunes encontraron una bala de una pistola, de una munición de otro calibre a la encontrada en marzo, que pertenecía a un Mauser.
Esto, según Serrulla, refuerza la hipótesis de la fosa. “¿Qué hace un proyectil de una pistola en un cementerio? Son todos indicios que sustentan la posibilidad de que la fosa está aquí debajo de los nichos”. Esto enfrenta un reto logístico y humano muy complejo porque implicaría excavar bajo estas estructuras que fueron construidas en décadas posteriores.
Por último, el antropólogo forense, insistió en la necesidad de una mayor implicación institucional, no solo del Gobierno de España o del Concello de Narón: “Esto es una cuestión de derechos humanos, porque todo el mundo tiene derecho a ser enterrado con dignidad”, afirmó. “Aunque el Gobierno de España ha facilitado recursos y apoyo para estos proyectos, una tarea de esta envergadura requiere de una colaboración más amplia”, ha zanjado.