9.000 de las 15.000 viviendas turísticas de Galicia podrían ser ilegales

El Gobierno enviará a la Xunta una lista de las 14.960 viviendas turísticas activas en plataformas digitales, de las que 9.125 incumplirían la ley
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en Santiago | EP
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en Santiago | EP

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, remitirá en los próximos días a la Xunta de Galicia un archivo digital con información sobre 14.960 viviendas turísticas activas en plataformas digitales. Según los datos recopilados, 9.125 de estos alojamientos no incluyen el número de registro obligatorio, lo que representa un 60% de la oferta y las califica como ilegales de acuerdo con la normativa autonómica.

El ministro anunció esta medida durante su visita a Santiago de Compostela, donde se reunió con la alcaldesa, Goretti Sanmartín. En el encuentro, entregó un informe similar al que recibirán las autoridades gallegas, elaborado por la Unidad de Análisis de su departamento.

En el caso concreto de Santiago, el informe detecta 406 viviendas turísticas en funcionamiento, una cifra que contrasta fuertemente con las 66 licencias concedidas por el Concello. Además, se han identificado 221 direcciones concretas de estos inmuebles para facilitar su localización y posible inspección o clausura.

El Ministerio también ofrecerá apoyo legal y herramientas técnicas para ayudar a las administraciones locales y autonómicas a retirar de las plataformas los anuncios de viviendas que incumplan la normativa vigente.

Bustinduy extendió esta colaboración a la Xunta de Galicia con el objetivo de abordar el creciente problema de acceso a la vivienda. Afirmó que con una actitud cooperativa entre administraciones se podrá «poner freno a esta situación descontrolada».

Llama a aplicar la Ley de Vivienda

En su intervención, el ministro también instó al Gobierno gallego a no obstaculizar la aplicación de la Ley de Vivienda, particularmente en lo referente a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en ciudades como Santiago y A Coruña. Ambas localidades han expresado su interés en adoptar esta medida, siendo A Coruña la que ya ha presentado su solicitud formal.

Bustinduy criticó que no se estén utilizando todas las herramientas legales disponibles para limitar el precio del alquiler y señaló a Cataluña como ejemplo de una comunidad que sí ha aplicado estos topes. También lanzó un mensaje al Partido Popular, reprochándole no aplicar la ley en las comunidades autónomas que gobierna, apelando directamente a Alberto Núñez Feijóo para que deje de “poner excusas” y permita regular los alquileres ante el aumento de los precios.

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