Este martes, un grupo de mujeres afectadas por el anticonceptivo Essure se concentró a las puertas de los juzgados en Santiago de Compostela para alzar la voz contra lo que consideran una doble injusticia: los efectos adversos derivados del implante y el abandono institucional que, denuncian, padecen desde hace años. Reclamaron soluciones al Servicio Galego de Saúde (Sergas) y denunciaron su “invisibilización” ante la administración pública y los tribunales.
El sistema Essure, un dispositivo anticonceptivo permanente comercializado por Bayer, fue retirado en España en 2017 tras multiplicarse los informes sobre sus efectos secundarios. Consistía en un pequeño muelle metálico —de níquel, titanio, acero inoxidable y fibras sintéticas— que se introducía en las trompas de Falopio mediante una histeroscopia, sin necesidad de cirugía invasiva. En su momento, se presentó como una alternativa sencilla a la ligadura de trompas. Hoy, es un símbolo de dolor, lucha y frustración para miles de mujeres.
Una batalla médica, legal y emocional
Sabela Landín, presidenta de la Asociación de Afectadas de Essure Galicia, lideró la concentración ante los juzgados compostelanos. En declaraciones a los medios, criticó la falta de reconocimiento institucional del daño causado. “A pesar de todas las pruebas y peritaciones, de los estudios y de la bibliografía médica —más de 52 investigaciones— seguimos siendo ignoradas”, denunció con firmeza.
Entre los síntomas asociados al dispositivo se encuentran fatiga crónica, pérdida de cabello, hipersensibilidad a olores, fibromialgia y otros trastornos englobados en el síndrome de sensibilización central. A ello se suman reacciones alérgicas graves al níquel y al resto de los metales del implante, lo que puede complicar su retirada y provocar secuelas aún más graves.
Una retirada insegura y nuevos riesgos
Una de las principales preocupaciones actuales de las afectadas es la seguridad en la extracción del Essure. “No es la primera vez que se retira de forma incorrecta, quedando restos que pueden migrar por el cuerpo y causar más daños”, explicó Landín. En este contexto, exigen al Sergas protocolos claros y seguros para la retirada del dispositivo, así como una atención sanitaria adaptada a las complejidades de su caso.
La presidenta de la asociación también criticó la disparidad de criterios entre comunidades autónomas. “En Aragón, por ejemplo, el jefe de ginecología se negó a aprobarlo por considerarlo inseguro. Sin embargo, en España se llegó a implantar en 80.000 mujeres”, apuntó.
La lucha en los tribunales
La protesta de este martes coincidió con la celebración de cuatro juicios relacionados con el caso Essure. En ellos, según denuncian las afectadas, se cuestionó su decisión de optar por este método anticonceptivo, alegando que fue “una elección libre”. Además, aseguran que la aseguradora volvió a utilizar “el argumento de la obesidad” para desacreditar los daños sufridos.
Esta actitud, lamentan, no solo desacredita su experiencia, sino que perpetúa un trato “maltratador e injusto” hacia quienes simplemente confiaron en un método aprobado por las autoridades sanitarias.
1.600 mujeres afectadas en Galicia
La Asociación de Afectadas de Essure Galicia calcula que sólo en esta comunidad son alrededor de 1.600 las mujeres perjudicadas por el dispositivo. Muchas de ellas continúan sin diagnóstico adecuado, sin seguimiento especializado y sin respuesta por parte del sistema público de salud.
«Queremos que dejen de mentirnos, que se reconozca el daño y se establezcan vías de atención y reparación reales», exigen.
Lo que empezó como una solución médica se ha convertido en una batalla política, sanitaria y judicial para miles de mujeres en toda España. En Galicia, la lucha de estas afectadas sigue viva, con una demanda clara: ser escuchadas, reconocidas y atendidas. Porque, como concluyó Sabela Landín, “no somos un número: somos mujeres a las que les destrozaron la vida por confiar en un sistema que ahora nos da la espalda”.
