Sogama ha anunciado un fuerte aumento en el canon: de 66 a 108 euros por tonelada a partir del 2025. Este incremento del 63%, se debe, según la empresa pública, a que han estado asumiendo en solitario un sobrecoste de 39 euros que no repercutió en los concellos, añadiendo que fue provocado por decisiones del Gobierno central, que eliminaron el impuesto estatal a la producción de energía.
Por su parte, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha expresado su “malestar” por esta decisión, criticando tanto la subida como la falta de comunicación previa. Además, Fegamp ha reiterado su propuesta de crear una comisión de trabajo con Sogama, las consellerías de Medio Ambiente y Facenda, para abordar esta problemática y buscar soluciones conjuntas.
El presidente de la FEGAMP, Alberto Varela, reitera que “sobre el pretexto del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en escombreras, la incineración y la coincineración de residuos, esgrimido por Sogama como una de las razones para el incremento del canon, es la Xunta de Galicia, socio mayoritario de Sogama, quien ha previsto ingresar en 2024 la cantidad de 12.150.039 euros”.
“Costosa y desproporcionada”
En esa misma línea, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha rechazado esta medida calificándola de “sablazo“. El diputado de Medio Ambiente, Luís Bará, ha instado a los concellos a protestar argumentando que se trata de una subida de “costosa y desproporcionada” y ha anunciado que el BNG presentará iniciativas en el Parlamento y en los concellos para impulsar cambios en el sistema de gestión de residuos.
“La subida supone una nueva carga millonaria sobre unas arcas municipales ya muy tensionadas por el déficit de financiamiento y por el incremento de las competencias”, ha afirmado Bará. Además, ha hecho un llamado a una “rebelión democrática” contra lo que considera una “imposición” de la Xunta.
El BNG también ha criticado la política de incineración y ha propuesto sustituirla por métodos basados en la recogida separada, la reutilización y el reciclaje. La formación nacionalista ha expresado su firme oposición a esta medida, que consideran un nuevo “sablazo para las arcas municipales”.