Condenan a una empresa a contratar a una becaria que seguía en prácticas después de acabar el máster

Los inspectores la descubrieron trabajando en el departamento de nóminas sin la supervisión de su tutora seis meses después de finalizar sus estudios

La sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia | TSXG

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso de una empresa contra una resolución de la Tesorería de la Seguridad Social, la cual le exigía el pago de casi 3.000 euros en cuotas por haber contratado de manera fraudulenta a una becaria.

Los hechos se remontan a noviembre de 2021, momento en que la empresa contrató a una mujer como becaria para realizar prácticas relacionadas con su máster de postgrado. En dichas prácticas, la becaria trabajaba en el departamento de nóminas, recibiendo un salario de 500 euros al mes.

En marzo de 2022, una inspección de Trabajo reveló que la trabajadora había sido contratada fraudulentamente, ya que había terminado sus estudios en junio de 2021 y no podía ser contratada como becaria. Por lo que en una resolución de septiembre de 2022, se declaró que el alta de la mujer como becaria era fraudulenta y se ordenó su alta como trabajadora en régimen laboral común a tiempo completo, basándose en los hechos verificados por la Inspección de Trabajo y a pagarle 2.977 euros en concepto de cuotas

Esta decisión fue recurrida por la empresa, pero, tal y como se recoge en la sentencia del TSXG, la Seguridad Social esgrimió que “al no existir un plan de formación y la trabajadora ya había finalizado el master, la tutora no ha ejercido sus funciones, por lo que la trabajadora realizaba sus funciones como un trabajador más de la empresa, por lo que no concurren los requisitos de un contrato de beca en formación, ni de un contrato en prácticas”. Así, concluyó que “la contratación se realizó en fraude de ley, encubriendo un contrato ordinario”.

El alto tribunal gallego ha constatado que, efectivamente, la situación de esa trabajadora incumplía los requisitos recogidos en el R.D. 592/2014 sobre la regulación de los contratos en prácticas de estudiantes universitarios. Por ello, ha desestimado el recurso, en una resolución del pasado 2 de abril, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a la vez que obliga a la empresa a pagar 1.500 euros en costas del juicio.

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