La condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno central este lunes ha sacudido el panorama político de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este miércoles: el Ministerio de Hacienda propondrá una quita de 83.253 millones de euros, con un total de 4.010 para Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue el primero líder autonómico popular en mostrar su negativa, que ratificó este martes. Sin embargo, su conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha dejado la puerta abierta a la negociación.
Así, Corgos ha expresado cierto malestar por lo que considera un «tratamiento discriminatorio» entre comunidades, pero ha reconocido que la decisión de la Xunta dependerá de la reunión del CPFF. «Mañana escucharemos, hablaremos y decidiremos en función de las explicaciones del Gobierno», afirmó el conselleiro en una entrevista concedida a Radio Coruña.
Esta postura contrastó con la firme negativa de Rueda, quien este martes insistió en que la solución no pasa por condonar la deuda, sino por reformar el sistema de financiación autonómica para garantizar una dotación de al menos 500 millones de euros adicionales anuales a Galicia. «La deuda no desaparece, simplemente se distribuye entre todos los contribuyentes», ha advertido el presidente gallego.
Sin embargo, horas más tarde de abrirse a negociar, el conselleiro —en una respuesta al portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos— se alineó con la postura de Rueda, utilizando su misma expresión: que la condonación es un «negocio ruinoso» que «para nada conviene» a la comunidad.
Así, Corgos avanzó que acudirá al CPFF pidiendo la revisión del modelo de financiación autonómica y la «actualización inmediata» de las entregas a cuenta. El propio PP rechazó su actualización el pasado mes de enero cuando votó contra el decreto ómnibus del Gobierno central.
Todo apunta a que la Xunta de Galicia acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera alineado con la postura de Alberto Núñez Feijóo: rechazar una quita incondicional que permitiría aliviar la deuda de todas las autonomías argumentando que es una concesión a Cataluña. En el caso de Galicia se renunciaría a 4.010 millones, pero la comunidad más beneficiada sería Andalucía, gobernada por el PP, con un total de 18.791 millones.
Críticas del BNG y del PSdeG
Frente al rechazo del PP, tanto el Gobierno central como la oposición gallega han cargado contra la postura defendida por los populares y por la Xunta. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, considera que sería «inexplicable» que el PP votase en contra de una condonación de deuda a las comunidades autónomas porque «beneficia a todos los ciudadanos», acusando a los de Alberto Núñez Feijóo de jugar al «agravio territorial» y a enfrentar a unas comunidades con otras.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de «irresponsable» la negativa de Rueda a aceptar la condonación de la deuda autonómica y ha acusado al presidente de la Xunta de «anteponer los intereses del PP a los de Galicia». En la misma línea, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha incidido en que la propuesta del Gobierno permitiría a Galicia beneficiarse de una quita del 33% de su deuda, lo que supondría 4.000 millones de euros. «Es un dinero que podría destinarse a mejorar la sanidad, la educación y la vivienda, pero el PP prefiere seguir con su discurso partidista», denunció.
Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado a Rueda de ser «el único gallego» que se opone a la condonación de la deuda, 4.010 millones de euros con los que «podrían hacerse muchísimas cosas, y todas ellas buenas».
«Si a usted le perdonan un 33% de la deuda que tiene, ¿diría que sí? Nueve de cada diez gallegos y gallegas preguntados hoy dicen que sí. Sólo hay uno, que es Rueda, que dice que no», ha ironizado el líder de los socialistas en Galicia, que ha subrayado que con esos fondos disponibles podrían «liberarse peajes», «invertir 200 veces más en investigación sanitaria» o facilitar soluciones para «las 19.000 personas que están inscritas en los registros de demandantes de vivienda».
