El panorama político y educativo gallego se ha visto sacudido tras confirmarse la condena penal contra Xabier Ron Fernández, exparlamentario autonómico por la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE). Ron ha aceptado una pena de nueve años y medio de prisión tras declararse culpable de un delito de agresión sexual continuada a una menor de edad, quien fuera su alumna en un centro educativo.
La resolución dictada por la Audiencia Provincial de Santiago implica el ingreso en prisión del expolítico y severas medidas de protección para la víctima, así como las correspondientes restricciones profesionales para el acusado.
Ron confesó para evitar el juicio
El proceso judicial ha tomado un rumbo inesperado debido a la contundencia de las pruebas recabadas durante la investigación de la Guardia Civil. Xabier Ron, que se encontraba en prisión provisional desde enero de 2025, decidió confesar los hechos antes de que el Ministerio Fiscal y la acusación particular presentaran sus escritos de calificación definitivos.
Con este reconocimiento explícito del delito, el procesado elude la celebración de la vista oral a cambio de la conformidad con la pena impuesta, la cual incluye también diez años de libertad vigilada una vez abandone el centro penitenciario y la prohibición de aproximarse a la víctima durante casi dos décadas.
Abuso de confianza y dependencia emocional
Los hechos asumidos corresponden al segundo semestre de 2024. Según el relato judicial, Ron aprovechó su condición de docente y la estrecha relación de confianza con la menor, que entonces tenía 12 años, para generar un vínculo de «dependencia emocional» que facilitó las agresiones. Como consecuencia de los abusos continuados, la víctima contrajo una enfermedad de transmisión sexual, motivo por el cual la indemnización fijada en concepto de daños y perjuicios asciende a 82.000 euros.
Dada la gravedad de los acontecimientos y su perfil profesional, la sentencia le prohíbe de forma taxativa ejercer cualquier tipo de empleo, sea o no remunerado, que conlleve el contacto directo con menores de edad durante un periodo de 15 años.
Distanciamiento de su entorno político
Tras conocerse el arresto a principios del año pasado, las reacciones políticas no se hicieron esperar. La formación Esquerda Unida —partido en el que militaba y con el que llegó a encabezar listas municipales en Santiago— se apresuró a desvincularse del exparlamentario, argumentando que no ocupaba puestos de dirección orgánica desde hacía prácticamente una década.
El registro policial efectuado en su día en el instituto de Pontedeume donde ejercía, así como en sus propiedades privadas, resultó clave para el devenir del caso, interceptándose dispositivos electrónicos con mensajes y archivos que blindaron la tesis acusatoria de las fuerzas de seguridad desde el primer momento.
