La oficialidad del gallego en las instituciones europeas estará este lunes sobre la mesa del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE): el Gobierno central ha solicitado ampliar la lista de lenguas oficiales con la inclusión del gallego, el catalán y el euskera, una medida que requiere del respaldo unánime de todos los Estados miembros.
Desde el Ejecutivo español se insiste en que se trata de un compromiso firme con la pluralidad lingüística: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha subrayado que todas las lenguas oficiales del Estado deben tener el mismo reconocimiento y ha remarcado que España está «trabajando intensamente y a todos los niveles» para lograr el consenso europeo necesario.
La unanimidad necesaria a nivel europeo no existe en el ámbito nacional: el Partido Popular ha mostrado su escepticismo sobre la medida, calificándola de «presión innecesaria» y dudando de su utilidad real. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha evitado comprometer el respaldo de su formación, señalando que se trata de «un debate forzado, con motivaciones más políticas que lingüísticas».
Una posición similar ha expresado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien, aunque ha manifestado su apoyo a una mayor difusión del gallego, no considera la oficialidad en la UE una prioridad. El dirigente gallego ha advertido del alto coste económico que implicaría —más de 40 millones de euros anuales solo por lengua— y ha criticado al Gobierno por no haber consultado a la Xunta antes de promover la iniciativa. “Nos enteramos por la prensa. No se puede hablar en nombre del gallego sin contar con Galicia”, ha afirmado.
La postura del Ejecutivo gallego contrasta con la del Parlamento de Galicia, que hace apenas unas semanas aprobó por unanimidad una proposición no de ley instando a que el gallego pudiera ser utilizado en el Parlamento Europeo. La iniciativa, presentada por el PSdeG y respaldada por todas las fuerzas políticas, incluido el PPdeG, subrayaba la necesidad de legitimar el gallego en el ámbito institucional europeo como forma de reforzar su estatus y reconocimiento.
Este giro del presidente Rueda ha sido interpretado por la oposición como una muestra de la incomodidad del PP ante una propuesta que, aunque defiende formalmente, prefiere mantener en un segundo plano. El debate en Europa también se presenta complicado, al menos en esta jornada: varios Estados miembros han solicitado más tiempo para valorar las implicaciones jurídicas y financieras de la medida. El coste total de implantar estas tres lenguas se estima en más de 130 millones de euros anuales, un gasto que España se ha comprometido a asumir.
