El Gobierno deja fuera a Altri del PERTE de descarbonización

Industria confirma que la macrocelulosa de Palas de Rei no supera los criterios técnicos exigidos y, por lo tanto, no optará a la ayuda de 30 millones de euros que había solicitado
Altri Non Greenpeace Catedral de Santiago

La macrocelulosa que Altri proyecta en Palas de Rei (Lugo) ha quedado fuera del PERTE de descarbonización. El Ministerio de Industria ha confirmado este miércoles que el proyecto de la multinacional portuguesa, presentado a través de su filial Greenfiber, no ha logrado la puntuación mínima exigida por los criterios técnicos de la convocatoria, lo que lo excluye automáticamente del reparto de fondos europeos asociados a este programa estratégico.

La empresa aspiraba a una ayuda de 30 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, pero según el Gobierno, su propuesta no alcanzó los umbrales mínimos en varios de los parámetros evaluados. «No ha conseguido la puntuación necesaria ni en el global ni en cada uno de los criterios», declaró el ministro Jordi Hereu, que compareció desde Toledo, durante la inauguración del Congreso de CCOO-Industria.

El ministro insistió en que la evaluación fue «estrictamente técnica» y recordó que las empresas tienen derecho a presentar alegaciones. También subrayó que este PERTE es uno de los instrumentos más exigentes en cuanto a cumplimiento de objetivos y rigor en el uso de fondos públicos. «Hoy se publican las resoluciones provisionales de la línea 4 del PERTE. Son cinco proyectos que han obtenido 90 millones de euros porque han cumplido con los criterios objetivos», explicó.

Criterios objetivos

El Ministerio justificó la exclusión de Greenfiber por no alcanzar la puntuación mínima en la fase de evaluación, lo que desactiva automáticamente cualquier posibilidad de financiación en esta convocatoria. Según señaló Hereu, la empresa no superó los requisitos ni en su conjunto ni en cada uno de los aspectos analizados.

Los cinco proyectos seleccionados corresponden a otras comunidades: una acería verde en Puertollano (Hydnum Steel), una planta de placas de yeso en Zaragoza (Alier), una cementera en Valencia (Çimsa), y dos plantas de aprovechamiento de biomasa en Huelva y Sevilla (Biotérmica Villanueva). Todos ellos recibirán en conjunto 90 millones de euros.

En el caso gallego, Hereu recordó que más de 97 empresas han recibido fondos de distintos PERTE desde 2019, sumando más de 160 millones. «El desarrollo industrial en Galicia nos importa, pero tiene que hacerse desde el rigor. Este Gobierno ha invertido más de 2.000 millones en política industrial en Galicia en los últimos años», afirmó.

Non imos apoiar ningún proxecto que poña en risco á poboación, á natureza, o noso ecosistema, a propia vida. Sempre dixemos alto e claro: Altri Non! E hoxe decímolo tamén desde o Goberno, como levamos defendendo desde un inicio. www.eldiario.es/1_bac114

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— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 22 de abril de 2025, 22:45

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la primera en confirmar públicamente la exclusión. Lo hizo este martes a través de Bluesky, donde compartió una noticia de eldiario.es que adelantaba la decisión. En su mensaje, Díaz expresó con contundencia su rechazo: «No apoyaremos ningún proyecto que ponga en riesgo a la población, la naturaleza o nuestro ecosistema. Siempre lo hemos dicho alto y claro: ¡Altri non! Y hoy lo decimos también en el Gobierno».

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también se pronunció este miércoles antes de que el Ministerio oficializara la resolución. Desde el Parlamento gallego, afirmó que era una «buena noticia para Galicia» y aseguró que no se trata de una sorpresa: «Hace meses ya tenía la convicción de que Altri no iba a recibir estas ayudas. Hoy se confirma».

A su juicio, la decisión demuestra que el proyecto no cumple con los objetivos ni con los principios del PERTE. «No es un proyecto que descarbonice, no se ajusta a los criterios técnicos ni ambientales. Esto no va de a quién le das las ayudas por simpatía. Hay informes técnicos y una evaluación rigurosa detrás», argumentó.
Besteiro también mostró su escepticismo sobre las llamadas ayudas extraordinarias a las que Altri todavía podría aspirar. «Tienen que ser proyectos extraordinarios en todos los sentidos: medioambientalmente, industrialmente, en planificación… y este no lo es», afirmó. Además, animó al PP a «reconsiderar su apoyo» al proyecto: «No encaja con el modelo industrial que necesita Galicia».

Nulo encaje europeo

Más allá del rechazo en el ámbito estatal, el proyecto también acumula objeciones en el plano europeo. En una entrevista concedida recientemente a Enfoques.gal, el eurodiputado gallego Nicolás González Casares —miembro de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo— alertó de que Altri tendría «serias dificultades» para recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Según explicó, el principal escollo es la evaluación DNSH (Do No Significant Harm), que prohíbe destinar fondos europeos a proyectos que puedan causar daños significativos al medio ambiente. «Eso no lo puede cambiar ni el Gobierno de España, es una norma europea. Y Altri, en aspectos como el uso del agua, la biodiversidad o las emisiones, lo tendría difícil», advirtió.

También recordó que los fondos deben estar ejecutados antes del 31 de diciembre de 2026. «El propio cronograma de Altri prevé 33 meses desde el inicio de las obras, y aún no han empezado. Es imposible que llegue a tiempo. Hablar de fondos de recuperación en este caso es casi una entelequia», afirmó.

Para González Casares, el modelo que representa Altri no es el que necesita Galicia. Defiende una industria más sostenible, ligada a la economía verde, a la transición energética o a proyectos estratégicos como el litio en Beariz o el hidrógeno verde. También cuestiona la cuantía de las ayudas solicitadas por Altri: «250 millones a fondo perdido. No he visto algo así en toda la historia de Galicia», afirmó.

La exclusión de Altri del PERTE de descarbonización marca un antes y un después en el recorrido institucional del proyecto. Aunque la empresa puede recurrir, la falta de puntuación suficiente en criterios técnicos y la creciente oposición social y política dificultan su avance.

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