El Gobierno ha iniciado un procedimiento de reclamación a la armadora del buque Toconao, responsable del vertido de pellets plásticos que a principios de este año afectó a las costas gallega y cantábrica. La reclamación incluye los gastos derivados de las labores de limpieza y los intentos de localización desde el aire de la carga extraviada, según una respuesta del Ejecutivo a una pregunta escrita formulada por los diputados de Sumar José Manuel Lago Peñas y Verónica Martínez Barbero.
La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, está gestionando la reclamación en nombre del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar). Para ello, ambos organismos elaboraron un documento inicial detallando la cuantía total de los daños, un desglose de los mismos y una relación de facturas justificativas.
Tras centralizar esta información, se inició un procedimiento de reclamación de responsabilidad por contaminación. En este contexto, las facturas correspondientes fueron enviadas al representante del armador del Toconao para que pudiera presentar las alegaciones que considerara necesarias. Según el Gobierno, el armador ha colaborado activamente en el proceso, contratando a dos empresas para llevar a cabo la limpieza de las playas afectadas.
Actualmente, el armador ha solicitado aclaraciones sobre algunas de las facturas, las cuales han sido trasladadas a Transición Ecológica y Sasemar para que ofrezcan una respuesta. “Una vez se respondan esas aclaraciones, el armador podrá formular alegaciones a los importes de las facturas, y corresponderá a Transición Ecológica y a Sasemar valorarlas y tomar la decisión definitiva sobre la cuantía de esos gastos, que será la que se plasme en la resolución que ponga término a este procedimiento”, ha detallado el Ejecutivo.
La respuesta llega después de que los diputados de Sumar preguntaran por las acciones emprendidas para exigir a la armadora los costes derivados de la limpieza de los pellets plásticos que, tras el vertido, generaron una grave afectación medioambiental en las costas del norte de España.