La esperada revalorización de las pensiones contributivas en Galicia para 2024, que comenzó a aplicarse en enero, se esfumará en febrero tras el rechazo del decreto ómnibus en el Congreso por parte del PP, Junts y Vox. Este incremento inicial del 2,8 % —que eleva la pensión media gallega de 1.238,30 a 1.273 euros— será revertido el próximo mes, reduciendo la paga media en más de 34 euros para los jubilados gallegos.
Para los perceptores de pensiones mínimas y no contributivas, así como para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el impacto será aún mayor. Estas prestaciones, que en enero subieron hasta un 9%, volverán a los niveles de 2023, generando una pérdida de poder adquisitivo anual estimada en 441 euros para más de 693.000 jubilados en Galicia.
El Gobierno central ha señalado que la oposición bloqueó una medida clave para garantizar el bienestar de los pensionistas, mientras que el PP argumenta que respaldará la revalorización de las pensiones si esta se presenta en un proyecto específico y no como parte de un decreto que consideran demasiado amplio.
Fin de los descuentos en el transporte
Otro golpe a los gallegos llega con la supresión de las ayudas al transporte público. Los 25,5 millones de euros previstos para bonificar trenes y autobuses en Galicia quedan en suspenso, así como los descuentos en las líneas de Renfe y autobuses estatales.
Por ejemplo, los usuarios del tren entre A Coruña y Vigo tendrán que asumir un aumento de hasta 363 euros en los abonos mensuales. Desde Renfe ya han confirmado que no se podrán adquirir nuevos abonos con descuento a partir de este jueves.
El salario mínimo, en el limbo
La caída del decreto también deja sin efecto la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024, que fijaba la cifra en 1.134 euros al mes en catorce pagas. Hasta que el Gobierno acuerde una nueva cuantía con los agentes sociales, el SMI volverá al nivel de 2023, es decir, 1.080 euros. Esto afecta especialmente a los trabajadores con menores ingresos, quienes verán mermado su poder adquisitivo en un contexto de inflación creciente.
La negativa al decreto implica que Galicia dejará de recibir 702 millones de euros en entregas a cuenta destinadas a servicios públicos esenciales como sanidad, educación y dependencia. Además, se reactivan los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional y se reducen los descuentos en las facturas de luz y gas para hogares beneficiarios del bono social.
En el ámbito fiscal, quien sí se benefician son las grandes energéticas al evitar el impuesto temporal que habría supuesto una recaudación de 1.100 millones de euros anuales. Asimismo, los umbrales del IRPF para declarar vuelven a ser menos favorables, afectando a quienes tienen más de una fuente de ingresos.
Desde el Ministerio de Seguridad Social califican la situación como una “bofetada a los jubilados” y destacan que la revalorización de las pensiones es “una cuestión de justicia social”. Los sindicatos también critican duramente la postura de los partidos que tumbaron el decreto. Por su parte, el PP defiende su voto argumentando que el decreto contenía medidas dispares y asegura que apoya la subida de pensiones en un marco legislativo más específico.
