Por cuarta ocasión en los últimos siete años, el Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad un texto legislativo para su remisión al Congreso con el objetivo de que el Estado traspase la titularidad de la AP-9 a la Xunta.
El cuarto intento para lograr la transferencia de la gestión de la Autopista del Atlántico ha recibido luz verde en el Pazo do Hórreo este martes en el pleno de la Cámara gallega, el último de 2023.
Y de nuevo, como en las tres ocasiones ocasiones, ha vuelto a ser aprobada por unanimidad de los grupos, que, no obstante, han cruzado reproches en un debate en el que se han echado en cara que el consenso plasmado en torno a esta demanda desde 2016 no haya fructificado a día de hoy por el fracaso de las leyes en su tramitación en las Cortes generales.
Así, los populares responsabilizan a los socialistas de haber provocado con la “complicidad de su socio el BNG” que el último intento legislativo no llegase culminar su camino en comisión, mientras que los grupos de la oposición (BNG y PSdeG) reprochan al PP que “vetase” la toma en consideración de las dos primeras leyes cuando gozaba de mayorías en el Congreso.
Con todo, la demanda para que la gestión de la autopista que vertebra la fachada atlántica gallega vuelve a salir del Pazo do Hórreo rumbo a Madrid, a donde llegará de nuevo con una serie de demandas en materia económica al Estado como principales novedades.
Entre estas figura una mención a que será la Administración del Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas que deriven de una hipotética anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2028, asunto que está en estudio por la justicia europea por una posible infracción de la normativa comunitaria en materia de competencia.
Esta cuestión fue incorporada durante el proceso de tramitación en la Cámara gallega a través de una enmienda del BNG que fue aceptada para su inclusión en el dictamen final por el PP. Esta ha sido la única aportación al texto original presentado por los populares, que añadieron una serie de obligaciones a hacer frente por parte del Estado en asuntos como la extensión de las bonificaciones de los peajes o la ejecución de obras de remodelación o ampliación de la infraestructura.
Reproches cruzados
La negativa a incorporar enmiendas aportadas por los socialistas fue criticada por la diputada Patricia Otero, encargada de defender la postura del tercer grupo en el Pazo do Hórreo. “Lo que debatimos hoy es una ley con la marca del PP: todo es culpa del PSOE”, ha sentenciado la parlamentaria, que ha censurado que el debate en ponencia “durase menos de un minuto”.
De hecho, el PSdeG había reservado hasta este martes el sentido de su voto sobre una ley que, a su juicio, “no es igual a las anteriores” sino que “es mucho más amplia en las obligaciones al Estado”. “Lo único que buscan es una nueva confrontación con el Gobierno”, ha apostillado Otero.
Para el BNG, a través del diputado Luis Bará, la propuesta del PP es un ejercicio de “AP-9 washing” con el que intentan “expiar la culpa” de “años de bloqueo” en las Cortes y el Gobierno central del traspaso de la autopista a Galicia.
Pero el nacionalista también ha dirigido sus críticas hacia los socialistas, a los que acusan de haber sido los responsables del fracaso de la última de las leyes que partió del Pazo do Hórreo con el apoyo unánime de todo el hemiciclo después de haber “solicitado hasta 17 prórrogas” en su tramitación y presentado enmiendas para “devaluar” el sentido de lo aprobado en la Cámara autonómica.
En el turno de los populares, el diputado José Manuel Balseiro también ha repartido culpas, en este caso en los grupos de la oposición en Galicia, sobre lo ocurrido con la demanda de traspaso.
Para Balseiro, el PSOE “dejó morir” la última ley en el Congreso y este “incumplimiento no tuvo ninguna consecuencia” en su relación con el BNG, que “volvió a regalar” sus votos para investir a Pedro Sánchez, “en esta ocasión a cambio de nada”.
