La comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta se reunirá este viernes para debatir el proyecto de dictamen elaborado por el PP en solitario, que, salvo sorpresa mayúscula, saldrá adelante por contar con la mayoría absoluta.
En esta sesión, convocada por la presidenta de este órgano, Elena Candia, para las 12:30 horas, también se abordarán las enmiendas que proponga la oposición al borrador que presentó el Grupo Popular.
De esta forma, el texto final quedará aprobado en comisión antes de finalizar el año y, a continuación, será remitido al pleno del Parlamento, donde recibirá el visto bueno de manera definitiva cuando arranque el nuevo período de sesiones tras la Navidad.
El dictamen que elaboró el PP concluye que no hubo “ni una sola tacha de legalidad” ni en la contratación menor y de emergencias emprendida por la Xunta en pandemia, ni en el modelo de concesión empleado para el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
La comisión, impulsada por el BNG, vivió sucesivas polémicas en sus más de dos meses de vida. De hecho, los nacionalistas tienen presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para denunciar el control que ejerció el PP de los trabajos de este órgano con su mayoría absoluta.
El BNG y el PSdeG han reaccionado con dureza al cierre de la comisión de investigación. Los grupos de la oposición denuncian que el partido en el gobierno ha convertido el proceso en una “farsa democrática” y advierten de posibles acciones legales ante lo que califican como un “escándalo de proporciones mayúsculas”.
“Un panfleto no se enmienda”
La diputada del BNG Montse Prado calificó el dictamen elaborado por el PP como un “panfleto” y un “mal chiste” que carece de rigor. “No vamos a enmendarlo, porque no se puede enmendar algo que ya es una burla al Parlamento”, afirmó en una rueda de prensa junto a sus compañeros Óscar Insua e Iago Tabarés.
El BNG presentará un voto particular al dictamen, insistiendo en que la comisión, aunque boicoteada desde el principio, fue “un acierto” por poner el foco en una “alarma social”. Los nacionalistas critican que el PP “ocultó información clave”, como los contratos con Eulen –empresa dirigida en el Noroeste por Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente gallego–, y denuncian que el modelo público-privado del Hospital Álvaro Cunqueiro supuso un sobrecoste de 470 millones de euros, según el Consello de Contas.
Prado también recordó el veto sistemático del PP a propuestas del BNG, como la convocatoria de comparecencias clave o el acceso a documentos esenciales. “El PP no buscaba investigar, sino enterrar la verdad desde el principio”, sentenció.
“Un intento desesperado de esconder la verdad”
Por su parte, el PSdeG presentó un dictamen alternativo que detalla lo que considera un “patrón sistemático de favoritismo” en las contrataciones de la Xunta. Elena Espinosa, viceportavoz parlamentaria socialista, aseguró que el PP “ha manipulado las normas de funcionamiento de la comisión” y bloqueado deliberadamente el acceso a información sensible, como los contratos menores adjudicados durante la pandemia o las decisiones que rodearon la construcción del hospital de Vigo.
El texto socialista apunta a casos concretos de adjudicaciones a empresas con vínculos familiares con altos cargos del PP, como Eulen o Gallaecia Patentes y Marcas. “Estos no son casos aislados, sino pruebas de una corrupción estructural que debe ser investigada con rigor”, subrayó Espinosa, quien no descartó acudir a la justicia si la investigación no se reabre “sin vetos”.
Espinosa denunció también que el modelo público-privado del Álvaro Cunqueiro no solo incrementó el coste, sino que redujo la calidad y el tamaño del hospital. “Los gallegos no merecen pagar más por menos”, afirmó, insistiendo en que la trama de contratos irregulares “no puede quedar impune”.
La oposición coincide en señalar que la comisión, promovida inicialmente por el BNG, ha sido “secuestrada” por el PP, que “ya tenía las conclusiones redactadas desde el primer día”. Ambos grupos acusan a los populares de convertir el Parlamento gallego en una “parodia democrática” y prometen seguir luchando para que se esclarezca la verdad sobre unos contratos que, según denuncian, podrían esconder prácticas corruptas.
