El Partido Popular de Galicia ha vetado casi todas las comparecencias clave en la comisión parlamentaria que busca investigar posibles irregularidades y tratos de favor en los contratos públicos de la Xunta, durante los últimos años del gobierno del PP, a empresas y empresarios vinculados al partido. BNG y PSdeG, impulsores de esta comisión, solicitaron la comparecencia de altos cargos de la Xunta como Marcos Araújo, exdirector de la Axencia Galega de Emerxencias; Marta Fernández-Tapias, exdelegada de la Xunta en Vigo; María Jesús Lorenzana, exconselleira de Política Social; y Javier Arias, exdirector de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria; además de una larga lista de empresarios gallegos.
Sin embargo, el PP ha hecho valer su poder parlamentario para evitar todas estas comparecencias y ha blindado especialmente a dos figuras: Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta y actual líder del Partido Popular a nivel nacional, y Francisco Antonio Otero Illodo, esposo de Paula Prado, número dos del PP gallego y secretaria general del partido en la comunidad. Otero es socio de Allwork Vestuario Laboral, empresa que recibió más de 38 contratos de la Xunta entre 2020 y 2023. Esta investigación, promovida por el Partido Socialista de Galicia (PSdeG), buscaba esclarecer si hubo irregularidades o tráfico de influencias en las adjudicaciones realizadas a esta empresa durante la emergencia sanitaria, cuando el uso de contratos menores y adjudicaciones sin publicidad se incrementó de manera exponencial.
Este caso no es nuevo. El 13 de marzo de 2020, a pocas horas de que el Gobierno español declarara el estado de alarma, Francisco Antonio Otero Illodo se incorporó al accionariado de Allwork Vestuario Laboral, adquiriendo el 50% de la empresa. Antes de su entrada, Allwork había obtenido únicamente un contrato con la Xunta, por 182 euros, otorgado por Augas de Galicia en 2019. Sin embargo, a partir de ese año, la compañía experimentó un notable incremento en contratos con distintas entidades de la Xunta y otras instituciones públicas gallegas, acumulando un total de 38 adjudicaciones menores por un valor conjunto de 145.975,72 euros, centradas mayormente en el suministro de equipos de protección individual (EPIs).
Estas adjudicaciones se gestionaron mediante procedimientos de emergencia, en respuesta a la alta demanda de EPIs, y permitieron realizar contratos directos sin concurso público para agilizar la adquisición de estos insumos. No obstante, la falta de competencia y transparencia en el proceso ha generado cuestionamientos. El Consello de Contas revisó cifras que revelaron un aumento sin precedentes en el volumen de contratos directos en el ámbito sanitario durante la pandemia.
El crecimiento de los ingresos de Allwork también ha sido analizado de cerca por medios y oposición. En 2019, la empresa registraba beneficios de 66.277,30 euros; en 2020, este monto se disparó a 229.227,18 euros, multiplicando por cuatro sus ganancias. Los gastos en sueldos y otras remuneraciones también aumentaron en casi 170.000 euros, pese a mantener casi la misma estructura de personal. Este incremento, según críticos del proceso de contratación, parece estar vinculado a la entrada de Otero en la empresa y al aumento de contratos adjudicados sin licitación pública.
El análisis de los contratos menores adjudicados a Allwork revela un patrón de contratos vinculados a entes específicos, como la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, AGADER, Turismo de Galicia y la Consellería de Medio Ambiente. Estos contratos, en su mayoría de importes inferiores a 10.000 euros, incluyeron el suministro de EPIs y otros artículos de protección para personal sanitario y de servicios esenciales. Aunque el procedimiento directo está permitido en situaciones de emergencia, el PSdeG argumentaba que pudo haberse dado un uso excesivo de este mecanismo en detrimento de la competencia y la transparencia en el proceso.
Pese a las evidentes sospechas en torno a estos contratos, la investigación no podrá avanzar con claridad: el Partido Popular ha bloqueado la comparecencia de Francisco Antonio Otero, esposo de Paula Prado, y del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, bajo cuyo mandato se adjudicaron la mayoría de estos contratos. Con este bloqueo, el PP evita que la comisión pueda analizar en profundidad las condiciones en las que se adjudicaron estos contratos, y deja sin respuesta preguntas esenciales sobre la transparencia y el buen uso de los fondos públicos en tiempos de crisis.
El BNG judicializará el bloqueo del PP
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que la formación recurrirá a “todos los mecanismos y vías legales” para defender su derecho a controlar al Gobierno gallego si el PP mantiene el veto al plan de trabajo en la comisión de investigación sobre irregularidades en la contratación pública.
Según la líder nacionalista, el veto del PP no tiene otro objetivo que evitar que el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rinda cuentas por los contratos adjudicados a dedo a una empresa dirigida por su hermana en Galicia. Pontón subrayó que, entre 2018 y 2023, la empresa vinculada a la hermana de Feijóo recibió 1.311 contratos por un valor total de cinco millones de euros. Además, recordó que el PP sigue incumpliendo la Ley de Transparencia al no publicar todos los contratos adjudicados de forma directa desde 2013. En este contexto, también señaló las adjudicaciones realizadas durante la pandemia, en las que una empresa dirigida por el cuñado de Feijóo fue una de las principales beneficiadas, obteniendo contratos por valor de 15 millones de euros, según el Consello de Contas.
“El PP está haciendo todo esto para salvar al señor Feijóo y protegerle de dar explicaciones sobre los contratos a dedo que benefician a su entorno familiar”, denunció Pontón, quien comparó esta situación con un juicio en el que se impide declarar a los principales implicados. Otro de los puntos críticos expuestos por Pontón fue el sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, mientras que la misma área sanitaria, denunció, no garantiza servicios esenciales como la radioterapia para pacientes oncológicos. “Esto es lo que ustedes quieren ocultar”, reprochó al Gobierno de Rueda, al que acusó de tener “pánico” a que se investigue su gestión.
La líder del BNG afirmó que el Partido Popular está aplicando su “manual habitual” cuando se ve acorralado por casos de corrupción: primero niegan los hechos, luego vetan la creación de comisiones de investigación y, si estas se llegan a constituir, las sabotean desde dentro. En este caso, aseguró Pontón, el PP vulnera las normas democráticas del Parlamento bloqueando comparecencias y ocultando información clave.