El grupo del PP en el Parlamento gallego ha tumbado este martes con su voto en contra una moción del PSdeG sobre el aborto. La iniciativa contenía un total de seis puntos y los populares únicamente estaban en desacuerdo con dos, entre ellos el que pedía a la Xunta eliminar las subvenciones a entidades antiabortistas.
Para justificar la postura del PPdeG, la diputada Marta Rodríguez-Vispo ha argumentado que el Gobierno gallego exige a estas asociaciones y colectivos “que cumplan la legislación vigente”. “Cumplir la ley de salud sexual y reproductiva no está en contra de ayudar a la mujer embarazada que quiere ser madre”, ha argumentado.
De hecho, ha asegurado que a la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta no llegó en los últimos años “ninguna denuncia sobre mala praxis ni atentados contra la dignidad” de las mujeres por parte de estas entidades.
En concreto, la moción de los socialistas, defendida en el pleno por la diputada Noa Díaz, incluía un total de seis puntos para solicitar a la Xunta que garantice los derechos reconocidos por la ley del aborto de 2010, cuya última reforma, que devuelve a las mujeres de 16 y 17 años la capacidad de decisión en esta materia, fue aprobada la semana pasada.
Entre las medidas de la iniciativa, defendida por la diputada del PSdeG Noa Díaz, había algunas con las que el PPdeG sí estaba de acuerdo: como ofrecer “información pública” de manera visible y accesible sobre el proceso; hacer público un informe anual con las cifras de abortos; y mostrar el rechazo a cualquier posición que vulnere los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Sin embargo, el Grupo Socialista no ha permitido la votación por puntos, por lo cual los populares han tumbado el conjunto del texto porque incluía “eliminar de las subvenciones públicas a aquellas entidades que promuevan posturas que no respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conforme a la vigente legislación”.
Tampoco aceptaba el PPdeG otro punto que pedía garantizar la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas de gestación en el centro con capacidad clínica “más próximo al domicilio de la mujer demandante” y “en el área sanitaria que le corresponda”.
Que la mujer “pueda elegir”
Según Rodríguez-Vispo, porque en Galicia esta prestación ya está garantizada “en las cuatro provincias y en todas las áreas” y porque “la mujer puede elegir dónde” someterse a la interrupción del embarazo. En su respuesta, la socialista Noa Díaz ha desmentido que las mujeres sean “libres” para escoger dónde se les practica el aborto en Galicia.
De igual modo, ha lamentado que la Xunta mantenga subvenciones a estas entidades —ha mencionado Red Madre, entre otras— que “perpetúan estereotipos sexistas y machistas” y mentiras “infames” y “anticientíficas”. En este contexto, ha afeado al PP que en el Congreso votase en 2022 en contra de penalizar “el acoso a mujeres” que acudan a las clínicas para interrumpir su embarazo por parte de asociaciones antiabortistas.
Datos de la Consellería de Sanidade
Durante el debate, la diputada del PSdeG Noa Díaz ha reconocido que esta es una cuestión “incómoda para la derecha”, tras los “titubeos” mostrados por el PP y que se pusieron “más de manifiesto” en los últimos días, al aprobarse la reforma de la ley del aborto planteada por el Gobierno central.
La socialista se ha referido a un informe remitido por la Consellería de Sanidade al Parlamento, a solicitud de su grupo, que recoge que entre los años 2020 y 2022 se practicaron en Galicia un total de 10.515 abortos, el 64,32% en el Sergas y el 35,68% en clínicas privadas autorizadas.
De acuerdo con estas cifras, Díaz ha señalado las diferencias existentes entre áreas sanitarias. Y es que, de las interrupciones voluntarias del embarazado practicadas en 2022, en el área de Vigo el 100% fueron en la sanidad pública, un porcentaje que en la de A Coruña cayó al 36,47%.
Según el mismo informe, en el área de Ferrol fueron el 50,59%, en la de Lugo el 59,10%, en Pontevedra el 77,81%, en Ourense el 88,65% y en Santiago el 90,86%. También se ha fijado la diputada del PSdeG en que, si se observan los datos de abortos practicados antes entre las nueve y las 14 semanas de gestación en los últimos tres años, el porcentaje en clínicas autorizadas asciende al 70%.
BNG: “Es un derecho fundamental”
Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha avanzado el ‘sí’ de su grupo a la moción, porque “por supuesto el aborto es un derecho y un derecho fundamental de las mujeres reconocido como tal por las Naciones Unidas desde la declaración de Pekín de 1995″.
Pese a ello, la nacionalista ha lamentado que sea un derecho “constantemente cuestionado” y empleado como “arma en el debate político y electoral”. La popular Marta Rodríguez-Vispo ha reconocido que es “un tema delicado” y que para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo “no es una decisión fácil”. Por esto mismo, ha apelado a ser “respetuosos y serios” y a no “hacer demagogia”.
En este contexto, ha defendido que el Sergas lo que hace es “cumplir y garantizar su aplicación”, “sea cual sea” la opinión del Gobierno gallego sobre la ley del aborto.