El PSdeG alerta de la “inseguridad jurídica” por la sociedad mixta para renovables

Los socialistas entienden que Recursos de Galicia es un "chiringuito" que, además, deja un 70% de su capital en manos privadas

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, en la sesión de control | PSDEG

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Álvarez, acusó en la sesión de control este martes al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de llevar la “inseguridad jurídica” a la gestión de los recursos naturales de Galicia, cargando contra “la privatización de la gestión de los recursos naturales” a través del “chiringuito” Recursos de Galicia (RdG), una sociedad “que deja el 70% su capital en manos privadas”.

El responsable socialista alertó de que este “chiringuito” deja “muy claro” que el PP es “incapaz de gestionar la riqueza de Galicia como territorio energético” y le reclamó a Rueda que “en vez de andar de cervezas por Galicia fuera tomar alguna a Bruselas para defender a Galicia. Acusó al gobierno gallego de constituir esta sociedad público – privada dejando la mayoría de su capital social en manos privadas y al amparo de una Ley que no existe.

“¡La mejor cerveza está en Galicia!”, ha replicado Rueda, quien también ha ironizado con “cuánto” molesta a la oposición que los populares estén “con la gente”.

Álvarez continuó enumerando los defectos jurídicos de esta operación, anunciada “sin que conste la creación de la sociedad en el Consello da Xunta”, cuando anuncian “la entrada de capital privado sin licitarlo en concurso público y nombran un consejero delegado sin conocer las retribuciones ni el régimen al que está sujeto”. Advirtió que esta sociedad tiene “más sombras que luces”, antes de que Rueda apelara al ejemplo del País Vasco que, replicó Álvarez, cuenta con una sociedad 100% pública.

La sociedad RdG, explicó, fue creada por la sociedad denominada Galicia Impulsa, que a su vez fue constituida por la Xunta junto con Abanca, Reganosa y Sogama, y que fue duramente criticada por el Consejo de Cuentas por su “opacidad, falta de transparencia y de rendición de cuentas”, y que el ente fiscalizador entiende que debería de integrar al sector público.

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