Europa y España afrontan uno de los retos ambientales de las últimas décadas: dejar de lado los combustibles fósiles y empezar a generar energía de forma limpia. Principalmente con sol y viento. Galicia es una potencia en el aprovechamiento del viento para la producción de electricidad, no en vano en las últimas décadas se han instalado más de 4.000 aerogeneradores en muchos de los montes de los más de 100 ayuntamientos vinculados con más de 150 parques eólicos. Este recurso natural puede suponer una ventaja competitiva a la hora de atraer el asentamiento de empresas y grandes proyectos industriales en la comunidad. Especialmente en un contexto en el que los fondos europeos de reestructuración y las ayudas a la transición energética auspician estas inversiones. Y bajo una premisa: las empresas se asentarán en aquellas zonas en las que puedan conseguir energía de forma más barata y sencilla.
Sin embargo, el boom de parques eólicos terrestres conlleva un reto para las administraciones públicas encargadas de conceder los permisos de explotación del territorio. La falta de una legislación clara y concisa dificulta aún más el frágil equilibrio entre la generación limpia de energía y el deterioro de espacios protegidos por su especial biodiversidad. La principal garantía que ofrecen las empresas es el trámite administrativo y las autorizaciones y licencias que tienen que obtener a la hora de poner en marcha una instalación, lo que somete a las compañías a un procedimiento de evaluación ambiental marcado por directrices europeas, nacionales y autonómicas. Pero esto a veces no es suficiente.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha decretado en los últimos dos meses la paralización cautelar de la construcción de tres parques eólicos de la compañía Greenalia, concretamente los de ‘Campelo’, ‘Bustelo’ y ‘Monte Toural’, al entender que se trata de proyectos que fragmentan de forma “artificial” una misma iniciativa con el objetivo de facilitar su tramitación administrativa. La sala determinó que ni Greenalia ni Xunta lograron avalar la “imperiosa necesidad” de contar con un nuevo parque eólico en la zona “ni siquiera por la incidencia que viene produciendo la menor entrada de gas con ocasión de la guerra en Ucrania”.
Greenalia ya ha recurrido la medida y avisa de que “no se ha aportado prueba, si quiera indiciaria, de que el medio ambiente esté en riesgo de sufrir perjuicios irreversibles” y afirma que el auto tampoco entra a valorar el riesgo, mientras que ambos proyectos cuentan con declaración de impacto ambiental positiva. De hecho, la promotora justifica que son un instrumento de “mitigación de la crisis energética actual” y “elementos clave para cumplir los objetivos 2030” —España quiere pasar de 40% de EERR en 2020 hasta casi 80% en 2030—. Además, añade que la puesta en marcha de ambos parques tendría una capacidad para producir energía verde equivalente al consumo de 90.000 familias, es decir más de 80% de la población de la Costa da Morte, a la vez que se evitarían más de 100.000 toneladas de CO2 a la atmósfera al evitar el consumo de energías fósiles, una de las principales causantes del cambio climático, según explica la entidad.
El caso de Greenalia, que supone una inversión cercana a los 80 millones de euros, no es el único. Existen actualmente una docena de proyectos millonarios que están sujetos al desarrollo de parques eólicos en diferentes puntos del territorio gallego. El anuncio más reciente y el que supone la mayor inyección de dinero, ha sido el de la empresa danesa Maerks. Galicia es uno de los lugares escogidos por el conglomerado nórdico para crear una planta de metanol verde en la que se invertirán 5.000 millones de euros. Para ello, tal y como recordó la pasada semana el líder de los socialistas gallegos Valentín González Formoso “es necesario crear entre 20 y 80 nuevos parques eólicos y fotovoltaicos”. El líder del PSdeG ha advertido a la Xunta de la necesidad de formar parte del accionario de los nuevos parques que se hagan “para liderar un proyecto respetuoso con el medio ambiente y con la gente”.
Un caso particularmente complejo es el de Alcoa, ya que afecta directamente a la continuidad de la planta metalúrgica de A Mariña que da trabajo a cerca de un millar de operarios. La Xunta ha anunciado que se acogerá “a las excepciones” que permiten la legislación para autorizar tres parques eólicos de Greenalia que suministrarán electricidad a la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo, y así “abaratar su factura eléctrica” con el objetivo de que “retome su actividad” cuanto antes. Incluso el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha pedido a la Xunta y al Gobierno central que trabajen “en conjunto” por la tramitación de parques eólicos que supondrán dar energía a la planta en los próximos años. Un parque eólico produce un megavatio a un precio de 18 euros, lo que significa una diferencia abismal con lo que cuesta producir con gas, que es la fuente que utilizaba hasta ahora esta compañía electrointensiva.
Con esta decisión la Xunta ha pasado una patata caliente al Gobierno central, ya que supone que los parques de Borrasca, Monzón y Ventisca se situarán en zonas no contempladas en el plan sectorial eólico de Galicia y, dado que los 50 megavatios de potencia instalada, la continuación de los trámites corresponde a la administración del Estado. Rueda ha solicitado al Estado “sensibilidad” con estos tres proyectos que permitirán a Alcoa San Cibrao tener un “precio competitivo” después de haber parado la producción de aluminio primario hasta 2024 debido al coste que le generaba la electricidad.
No ha sido esta la única decisión que ha adoptado el Gobierno gallego amparándose en la figura de la excepcionalidad para proyectos con “una clara incidencia territorial” por su entidad socioeconómica y con una función “vertebradora y estructurante” del territorio. La pasada semana ha autorizado la tramitación por la vía de la excepcionalidad de ocho parques eólicos ligados a proyectos industriales en la Comunidad, que se suman a otros cinco previos. Todos ellos, parques claves para la industria, pero también de más de 50 megavatios, por lo que supondrá, de nuevo, que será el Gobierno central el que tendrá que continuar con su tramitación y dar el visto bueno a los mismos.
Los nuevos parques objeto de esta declaración son seis promovidos por Enel Green Power —Badulaque (90MW), Barqueiro (150MW), Santuario (180MW), Tesouro (60MW), Moeche (53MW) y Caveiro (72MW)—, con una inversión total de 579,6 millóns de euros; y dos nuevos de Greenalia —Levante (106,4MW) y Boura (72,8MW)—, con una inversión asociada de 127 millones. Estos ocho parques y los cinco previos se reparten 1.131,4 MW, de los que alrededor de 1.000 beneficiarían a Alcoa San Cibrao y permitirían cubrir el 45% de sus necesidades energéticas; pero también cubriría el 100% de la demanda de la planta de Sentury en As Pontes —600 millones de inversión— y el 81% de las de Showa Denko —400 millones—, en A Coruña.