El sector eólico gallego aguarda con expectación el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el parón que afecta al desarrollo de nuevos parques eólicos en la comunidad. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el director de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo, han situado esta resolución en el entorno del verano, confiando en que permita reactivar la actividad.
Las declaraciones se han producido en el marco de un acto en el que ambas partes han analizado la actual coyuntura del sector. En este contexto, han valorado positivamente las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que suponen un «espaldarazo» a la Xunta y avalan la gestión autonómica en materia eólica.
Pese a ello, Manuel Pazo ha lamentado el tiempo «perdido» debido a la paralización de proyectos y ha advertido que muchos de ellos tendrán que ser reformulados, lo que implicará una nueva tramitación.
Un retraso con impacto ambiental y económico
La conselleira ha recordado que desde 2011 se han realizado más de 1.500 evaluaciones ambientales sin cuestionamientos hasta la llegada del «boom eólico». Ahora, según Vázquez, las resoluciones del Tribunal Supremo han clarificado que la Xunta ha cumplido con los requisitos de información y consulta pública, así como con la normativa de fraccionamiento de proyectos.
En su intervención, ha comparado la situación con la planificación viaria: «No podemos tener doble carril para llegar a todos los núcleos de población de Galicia, la lógica es que se puedan compartir esas carreteras energéticas y servicios para cuidar mejor el territorio y el medio ambiente».
Además, Vázquez ha advertido que el retraso en la puesta en marcha de los proyectos tiene consecuencias ambientales, ya que según sus estimaciones, si se activasen los parques paralizados, se podrían evitar la emisión de 2,7 millones de toneladas de CO2.
Actualmente, Galicia ha descendido al cuarto puesto en implantación de energía eólica en España, una situación que la Xunta aspira a revertir. «Queremos volver a ser los primeros», ha subrayado la conselleira, quien ha garantizado que la asesoría jurídica autonómica seguirá defendiendo la legalidad del procedimiento empleado en la tramitación de los parques eólicos.
Finalmente, ha agradecido a los promotores que apuesten por «el empleo verde», reforzando la importancia de la energía renovable para el desarrollo económico y ambiental de Galicia.
El sector, optimista
El sector eólico en Galicia sigue en vilo ante la parálisis que afecta a numerosos proyectos, pero con optimismo después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha revocado la suspensión del parque eólico de Campelo, en A Coruña, desautorizando al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y estableciendo un nuevo criterio que podría afectar a un centenar de proyectos en la comunidad. Este fallo supone un giro en la jurisprudencia que hasta ahora ha frenado la expansión del sector eólico en Galicia, donde la Justicia mantiene paralizados 97 parques eólicos.
La sentencia del Supremo responde a un recurso presentado por la energética gallega Greenalia y la Asociación Eólica de Galicia (EGA) contra la decisión del TSXG de suspender el parque de Campelo en mayo de 2023. Hasta ahora, la Justicia gallega había interpretado que los parques que compartían infraestructuras con otros debían considerarse parte de un único proyecto, lo que ha sido clave para frenar su desarrollo.
Sin embargo, el Supremo ha corregido este criterio y ha determinado que la simple compartición de infraestructuras no implica necesariamente que sean un único proyecto. Además, ha desestimado otras razones esgrimidas por el TSXG para anular la autorización del parque, como la reducción de los plazos de exposición pública o la supuesta falta de acceso a informes sectoriales. Ahora será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que
